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domingo, 01 de agosto del 2021

Moody’s pone a El Salvador en revisión para rebaja de calificación

La calificadora de riesgo asegura que El Salvador tiene alto riesgo de liquidez por las necesidades de financiamiento bruto.

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El Salvador ha sido enviado a revisión de la calificación crediticia soberana no garantizada senior y de emisor de B3, lo que apunta que la agencia calificadora de riesgo Moody’s estaría buscando rebajar al país a un territorio inferior.

"El factor clave detrás de la decisión es el alto riesgo de liquidez del gobierno debido a un gran aumento en las necesidades de financiamiento bruto, las estrictas condiciones de financiamiento externo y la capacidad limitada para aumentar la dependencia del mercado interno", dijo Moody’s en un comunicado.

Moody’s dijo que la medida del gobierno para ayudar a apuntalar la economía impactada por la pandemia COVID-19 ha permitido aumentos en el gasto, pero no se registran "recortes significativos" al gasto.

"Moody’s espera que el déficit fiscal de El Salvador alcance el 11% del PIB en 2020, superando la estimación anterior de la agencia calificadora de 8,5% en mayo", dijo la firma.

Aunque Moody’s actualmente espera que el déficit fiscal disminuya al 6.3% del PIB en 2021 y que el déficit primario también disminuya, el déficit fiscal seguirá siendo alto, casi el doble del tamaño de los déficits que El Salvador típicamente registró antes de la pandemia.

En julio de este año, la agencia mantuvo a El Salvador en un rango “altamente especulativo” por los bajos niveles de inversión “crónicos” y el peso cada vez más alto de la deuda en las finanzas públicas. Esto estuvo en línea con la calificación que las otras agencias, Fitch y S&P.

Pero de seguir a este paso, el país estaría cayendo en Caa1 que significaría que la capacidad de pago está sujeta a que las condiciones económicas sean favorables. El Salvador ya estuvo en esos niveles cuando el Gobierno cayó en impago al no cumplir un pago con los fondos de pensión.

A mediados de este año, el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, afirmó que “se espera que una vez pase la crisis del coronavirus se impulse la inversión pública y privada en El Salvador por las acciones que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele”.

Pero al parecer, la historia ha sido otra ya que la Moody’s ha tomado una ruta menos favorable para El Salvador.

Además, ha considerado que las instituciones en El Salvador son “débiles” por no cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y la confrontación política.

A la normativa a la que se refiere la agencias, es a la aprobada en noviembre de 2016 como parte de un acuerdo entre el Gobierno -de Salvador Sánchez Cerén- y ARENA, que se celebró en Casa Presidencial.

El Ejecutivo solicitaba la autorización para emitir $550 millones y la oposición, por su parte, pedía una normativa que obligara al Estado salvadoreño a tomar medidas para reducir su déficit fiscal y las deudas en un período de consolidación, que en un principio se consideró para tres años.

Luego que se cambiara en marzo de 2018 el Sistema de Cuentas Nacionales, la metodología para medir el Producto Interno Bruto (PIB), Hacienda presentó un paquete de reformas a la ley para modificar las metas y que el período de consolidación pasara a cinco años a partir de 2017 (llegaría a 2022).

La ley contempla medidas de gasto público, aumento de carga tributaria, reducción del déficit fiscal y la deuda pública para dar sostenibilidad a las finanzas.

Este período incluye implementar medidas de ingresos y gastos que den como resultado al menos 3 % del PIB. En los siguientes cinco años al período de consolidación, el Ministerio de Hacienda deberá garantizar que el ratio de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) no sea mayor al 50 % del PIB, sin considerar los compromisos previsionales.

En tanto la deuda del SPFN con pensiones deberá mantener una tendencia decreciente en 2030 igual o inferior al 60 % del PIB.

Debido a la pandemia, la Asamblea Legislativa aprobó suspender las reglas fiscales contenidas en la LRF mientras existiera una declaratoria de emergencia contenida en el decreto 607 y se estableció que Hacienda debía presentar un plan de regulación actualizado 90 días contados a partir de la culminación de los efectos del Estado de emergencia.

Tras una cadena de prórrogas, se suspendió sus efectos el 29 de mayo, pero el Ministerio de Hacienda aún no presenta el plan de recuperación de dicha ley.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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