La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció este jueves que inició una investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, hecho que conmocionó a este país centroamericano el 3 de marzo de 2016.
Berta Cáceres, además de líder ambientalista, era una importante dirigente de poblaciones indígenas que velan por sus antiguos territorios, costumbres y hábitat. Dirigía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La MACCIH, según declaró su jefe el peruano Juan Jiménez Mayor, investigará "el asesinato de Berta Cáceres, con todos los componentes en relación con la participación de funcionarios del Estado y de la propia empresa" dedicada a la construcción y comercialización de energía eléctrica.
"Anunciamos el día de hoy que la misión va asumir la investigación del caso de Berta Cáceres desde la perspectiva de corrupción", apuntó Jiménez Mayor. “Los indicios existentes de posibles hechos de corrupción vinculados al crimen justifican que la misión participe en la investigación", agregó.
Medios de prensa local informan de posible corrupción, irregularidades en permisos ambientales otorgados para la construcción y hasta posible lavado de dinero de los socios de la empresa DESA.
Cáceres y los movimientos indígenas y ambientalistas que ella lideraba se opusieron tenazmente a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, al occidente de Honduras el cual provee agua a las poblaciones de sus riveras y entornos que pertenecen a la etnia lenca.
La empresa que tenía el proyecto conocido como Agua Zarca, recién retirado y abandonado, es Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyos dueños son grupos familiares poderosos económicamente y con vinculaciones políticas, de acuerdo a analistas locales.
Cáceres había denunciado amenazas de muerte de parte de personeros de DESA por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica.
Jiménez Mayor explicó que la MACCIH integró un equipo con la Fiscalía de Etnias para investigar al actual fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar, al funcionario de la Procuraduría General Rafael Canales y a tres socios y apoderados legales de DESA.
El jefe de la MACCIH aseguró que investiga a personeros, funcionarios y empresarios, por presuntas y graves irregularidades que constituyen delitos de corrupción y que finalmente están relacionados con el crimen contra Berta Cáceres y otros ambientalistas locales.
Ocho personas, incluyendo dos empleados de DESA, están detenidas por el asesinato de Cáceres a manos de pistoleros el 3 de marzo de 2016. Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al haber denunciado a DESA.
En Honduras fueron asesinados en varias zonas del país 14 ambientalistas, indígenas y no indígenas, durante 2016.
