El ministro de la Defensa, David Munguía Payes, defendió este miércoles la legalidad de la tregua entre pandillas realizada entre 2012 y 2013, y aseguró que era una política de Estado facilitada por el Gobierno del expresidente Mauricio Funes y por organismos internacionales.
“La tregua era una política de Estado, así como también la persecución del delito, las reformas institucionales, la rehabilitación y reinserción. Todo era producto de una política pública que, incluso, fue respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes eran ente observador y garante del proceso”, dijo Payes en la entrevista matutina de canal 21.
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El ministro aseguró que otorgaron facilidades a mediadores para que hicieran su trabajo, lo que generó una disminución de los índices de violencia. “Este fue un ejemplo para América Latina en cuanto en disminución de la violencia”, subrayó.
Aseguró que durante la tregua, los pandilleros entregaron 500 armas de las cuales, el 81% estaban en buenas condiciones. Asimismo, afirmó que no hay pruebas de que él se haya reunido con miembros de pandillas.
“Lo que pudiera constituir delito es que en medio del proceso (tregua) se haya cometido algún crimen”, apuntó.
Munguía Payes lamentó el calificativo de “cochinada institucional” que hiciera recientemente el fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sobre la tregua.
“El Fiscal ha llamado con ese calificativo (cochinada) a todas las personas que con buena fe trabajaron (“¦). No sé por qué el Fiscal actúa de esa manera”, señaló.
El expresidente Funes también ha reaccionado desde sus redes sociales sobre el proceso de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) emprende contra varios implicados en la tregua.
No obstante, para el analista Julio Valdivieso, si bien las políticas implementadas por un Estado no constituyen en sí mismas un delito, en este caso, el delito se podría haber cometido durante el proceso de desarrollo de la tregua.
“SI para la implementación de esa política se hubiesen transgredido alguna norma, entonces serán responsable las personas que no tenían esa facultad, porque todos los funcionarios no tienen más facultades que las que la ley les manda”, dijo Valdivieso a ContraPunto.
Entre las irregularidades que la Fiscalía investiga contra la tregua, está el traslado de reos de máxima seguridad a medianía o mínima seguridad, así como permisibilidad de ingresar comida rápida, electrodomésticos, teléfonos celulares y discotecas a centros penales.
“Lo que no se puede es que si producto de esa política, se vulnera o se cae en algún ilícito contemplado en la legislación (“¦). La política no puede estar por encima de la ley”, recalcó el analista.
La tregua si bien ocasionó el descenso en el número de homicidios, la Fiscalía cuestiona que durante ese proceso se incrementaron el número de cementerios clandestinos y desapariciones.
Durante los años de la tregua (2012-2013) el país cerró en 2012 con un total de 2 mil 594 personas fallecieron en hechos de violencia en El Salvador, lo que supone una disminución de 1 mil 795 muertes menos que las 4 mil 371 contabilizadas en 2011.
El promedio diario actual de homicidios pasó de 14 a alrededor de cinco, según las autoridades de seguridad.
