Autoridades del Viceministerio de Prevención Social anunciaron este lunes que se invertirán $8 millones 653 mil para ejecutar programas de prevención de la violencia como parte de la ejecución de la segunda fase de las medidas extraordinarias implementadas por el Gobierno para combatir el crimen en el país.
El 29 de marzo de 2016, el Gobierno implementó las medidas de emergencia para minimizar la delincuencia en el país, el cual fue golpeado en 2015 con el asesinato de 6,657 personas, dichas medidas se desarrollan en seis centros penales y en las zonas asediadas por pandillas, enfocadas en la represión.
Como segunda fase de las medidas, el 21 de julio el Gobierno afirmó el inicio de los programas de prevención, los cuales contemplan el Plan Cero Grafitis, creación de 15 mil empleos para jóvenes; la reparación de 704 escuelas, la reinserción de cuatro mil estudiantes a sus centros escolares y la atención a cinco mil víctimas de la violencia.
“Ya se han asignado mí s de $8 millones de la contribución especial para la ejecución de diferentes programas de prevención, (“¦) a través de esto se busca brindar oportunidades de recreación, esparcimiento y superación personal”, destacó el viceministro de Prevención Social, Roberto Flores Hidalgo.
El analista político, Roberto Cañas dijo recientemente a Diario ContraPunto que era vital que el Gobierno desarrollara políticas de prevención del delito, ya que la represión permanente podría afectar más la situación del país.
“La atención y protección de las víctimas de la violencia son muy importantes y esa ha sido la parte más descuidada de las políticas de seguridad”, dijo el analista.
Para Cañas, las medidas de prevención deben ser la columna vertebral del combate al delito y enfocarse más que las represivas, “tiene que hacer más en prevención, en la reforma judicial, capturan gente y cuando llegan al juez la fortaleza de la prueba es tan débil que los jueces los dejan en libertad”, explicó.
Una de las directrices de prevención de la delincuencia adoptadas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), reza que los Gobiernos deben aplicar políticas progresistas de prevención que permitan reducir los motivos, la necesidad y oportunidades de comisión de infracciones en una sociedad.
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2015 registró un tasa de 105 muertes dolosas por cada cien mil habitantes. De enero al 4 de julio de 2016, 3,089 personas han perdido la vida en manos de criminales, según datos oficiales.
