No son inmigrantes regulares ni tampoco refugiados. Unos 350.000 centroamericanos que viven en Estados Unidos tienen el estatus de personas protegidas temporalmente y, como tal, sus permisos de trabajo y de estancia son provisionales. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y sus tesis migratorias restrictivas han puesto su futuro en la cuerda floja.
Si, al contrario de lo que ha venido haciendo desde hace años, la administración no prorroga esta vez su protección, tendrán que regresar en breve a sus países de origen o quedarse en Estados Unidos ilegalmente bajo el riesgo de ser detenidos y deportados. El Gobierno de Trump tomará la decisión en noviembre.
"Esta es un nuestra casa. Tenemos hijos que nacieron aquí, somos empresarios y hemos contribuido al bienestar de nuestras comunidades", dice el salvadoreño Edwin Murillo. De los al menos 2,7 millones de salvadoreños que hay en Estados Unidos, algo más de 263.000 son beneficiarios del TPS (Programa de Protección Temporal) como él.
Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en la lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En total son 13 países los listados ahora mismo bajo el TPS, entre ellos también Siria, Yemen, Somalia y Sudán.
Fue el presidente republicano George W. Bush quien incluyó a El Salvador en el listado tras los dos graves terremotos que asolaron el país en enero y febrero de 2001. Honduras y Nicaragua estaban ya en él, incluidos por el demócrata Bill Clinton después de que el huracán "Mitch" arrasara Centroamérica en 1998. Los beneficiarios hondureños son algo más de 86.000 y los nicaragí¼enses, unos 5.000.
El 10 de noviembre -60 días antes de que caduquen los permisos el 5 de enero- vence el plazo para que la administración renueve el TPS para Honduras y Nicaragua. El 8 de enero vence el plazo para que lo haga con el de El Salvador, que caduca el 9 de marzo.
La preocupación en la comunidad centroamericana comenzó cuando John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional, anunció en mayo que se otorgaba la última prórroga a Haití, designado bajo el TPS en 2010 tras el devastador terremoto de ese año. Cerca de 60.000 haitianos están en Estados Unidos con él.
Meses después, poco antes de que Kelly abandonara el cargo para irse a la Casa Blanca de jefe de gabinete de Trump, un grupo de legisladores demócratas hispanos salió de una reunión con él diciendo que había señalizado el final del programa para los centroamericanos.
"Nos fijamos en el hecho de que TPS significa temporal, y no ha sido temporal durante muchos años. Hemos creado una situación en la que la gente vive en este país por un tiempo largo", manifestó esta semana David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
A muchos les da sensación de que llueve sobre mojado después de que Trump cancelara DACA, el programa con el que Barack Obama protegió de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que habían llegado a Estados Unidos de niños con sus padres.
La presión, no obstante, crece sobre el Gobierno federal para que prorrogue el TPS a los centroamericanos. Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han organizado concentraciones, conciertos y charlas en los próximos días en Washington buscando convencer a la administración de Trump.
Una veintena de senadores demócratas enviaron esta semana una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, instándoles a prorrogar el TPS.
Su principal argumento es que las condiciones en los países que motivaron su inclusión en el listado no mejoraron, sino que se agravaron con más desastres naturales y problemas medioambientales, económicos y de seguridad. Honduras y El Salvador, recordaron, están entre los países del mundo con mayor tasa de homicidios y violencia sexual.
El Center for American Progress, un centro de investigación de corte progresista con sede en Washington, cifra en 164.000 millones de dólares el impacto negativo que a lo largo de la próxima década tendría en el producto interno bruto (PIB) estadounidense no renovar el TPS a los países centroamericanos y a Haití.
"Las pérdidas para los estados y para determinadas industrias dentro de esos estados serían extraordinarias", asegura Tom Jawetz, vicepresidente de Políticas Migratorias del Center for American Progress. Además, su deportación masiva costaría a los contribuyentes estadounidenses más de 3.000 millones de dólares.
"Han estado viviendo en muchos casos en Estados Unidos durante al menos 16 años", señala Carlos Guevara, asesor senior en temas de política migratoria de Unidos US, una organización paraguas de protección a los hispanos en la que se agrupan unas 300 entidades. "Se han convertido en parte de nuestras familias, de nuestra economía y de nuestras comunidades".
