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martes, 03 de agosto del 2021

Migrantes centroamericanos y la incertidumbre por el fin del TPS

Los salvadoreños son el grupo mayoritario y más afectado por la suspensión del TPS. Más de 260.000 salvadoreños podrí­an perder el derecho a permanecer en Estados Unidos

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No son inmigrantes regulares ni tampoco refugiados. Unos 350.000 centroamericanos que viven en Estados Unidos tienen el estatus de personas protegidas temporalmente y, como tal, sus permisos de trabajo y de estancia son provisionales. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y sus tesis migratorias restrictivas han puesto su futuro en la cuerda floja.

Si, al contrario de lo que ha venido haciendo desde hace años, la administración no prorroga esta vez su protección, tendrán que regresar en breve a sus paí­ses de origen o quedarse en Estados Unidos ilegalmente bajo el riesgo de ser detenidos y deportados. El Gobierno de Trump tomará la decisión en noviembre.

"Esta es un nuestra casa. Tenemos hijos que nacieron aquí­, somos empresarios y hemos contribuido al bienestar de nuestras comunidades", dice el salvadoreño Edwin Murillo. De los al menos 2,7 millones de salvadoreños que hay en Estados Unidos, algo más de 263.000 son beneficiarios del TPS (Programa de Protección Temporal) como él.

Estados Unidos otorga el TPS a ciudadanos de paí­ses con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en la lista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En total son 13 paí­ses los listados ahora mismo bajo el TPS, entre ellos también Siria, Yemen, Somalia y Sudán.

Fue el presidente republicano George W. Bush quien incluyó a El Salvador en el listado tras los dos graves terremotos que asolaron el paí­s en enero y febrero de 2001. Honduras y Nicaragua estaban ya en él, incluidos por el demócrata Bill Clinton después de que el huracán "Mitch" arrasara Centroamérica en 1998. Los beneficiarios hondureños son  algo más de 86.000 y los nicaragí¼enses, unos 5.000.

El 10 de noviembre -60 dí­as antes de que caduquen los permisos el 5 de enero- vence el plazo para que la administración renueve el TPS para Honduras y  Nicaragua. El 8 de enero vence el plazo para que lo haga con el de El Salvador, que caduca el 9 de marzo.

La preocupación en la comunidad centroamericana comenzó cuando John Kelly, entonces secretario  de Seguridad Nacional, anunció en mayo que se otorgaba la última prórroga a Haití­, designado bajo el TPS en 2010 tras el devastador terremoto de ese año. Cerca de 60.000 haitianos están en Estados Unidos con él.

Meses después, poco antes de que Kelly abandonara el cargo para irse a la Casa Blanca de jefe de gabinete de Trump, un grupo de legisladores demócratas hispanos salió de una reunión con él diciendo que habí­a señalizado el final del programa para los centroamericanos.

"Nos fijamos en el hecho de que TPS significa temporal, y no ha sido temporal durante muchos años. Hemos creado una situación en la que la gente vive en este paí­s por un tiempo largo", manifestó esta semana David Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

A muchos les da sensación de que llueve sobre mojado después de que Trump cancelara DACA, el programa  con el que Barack Obama protegió de la deportación a cerca de 800.000 jóvenes indocumentados que habí­an llegado a Estados Unidos de niños con sus padres.

La presión, no obstante, crece sobre el Gobierno federal para que prorrogue el TPS a los centroamericanos. Organizaciones  de defensa de los derechos de los inmigrantes han organizado concentraciones, conciertos y charlas en los próximos dí­as en Washington  buscando convencer a la administración de Trump.

Una veintena de senadores demócratas enviaron esta semana una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la secretaria interina de Seguridad Nacional,  Elaine Duke, instándoles a prorrogar el TPS.

Su  principal argumento es que las condiciones en los paí­ses que motivaron su inclusión en el listado no mejoraron, sino que se agravaron con más desastres naturales y problemas medioambientales, económicos y de seguridad. Honduras y El Salvador, recordaron, están entre los paí­ses del mundo con mayor tasa de homicidios y violencia sexual.

El Center for American Progress, un centro de investigación de corte progresista con sede en Washington, cifra en 164.000 millones de dólares  el impacto negativo que a lo largo de la próxima década tendrí­a en el producto interno bruto (PIB) estadounidense no renovar el TPS a los paí­ses centroamericanos y a Haití­.

"Las pérdidas para los estados y  para determinadas industrias dentro de esos estados serí­an extraordinarias", asegura Tom Jawetz, vicepresidente de Polí­ticas Migratorias del Center for American Progress. Además, su deportación masiva costarí­a a los contribuyentes estadounidenses más de 3.000 millones de dólares.

"Han estado viviendo en muchos casos en Estados Unidos durante al menos 16 años", señala Carlos Guevara, asesor senior en temas de polí­tica migratoria de Unidos US, una organización paraguas de protección a los hispanos en la que se agrupan unas 300 entidades. "Se han convertido en parte de nuestras familias, de nuestra economí­a y de nuestras comunidades".

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CP / Agencias Internacionales
Redacción ContraPunto / Agencias y diarios internacionales
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