Por Alessia Genoves
Migración irregular cae a un -52.56%, durante el primer bimestre del año 2023. El dato responde a una diferencia de 4,503 migrantes irregulares menos reportados por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el año 2023, respecto de los 13,071 migrantes irregulares reportados en 2022. El dato que es exclusivo de todo el territorio estadounidense (Nationalwide), sin embargo, no detalla el número de salvadoreños que decidieron salir del país de forma irregular, por lo que la Organización de Naciones Unidas (Onu) expresa su preocupación, y recomienda a El Salvador rendir información e incrementar las garantías de protección migratoria.
49 observaciones hace la ONU sobre los recursos legales e institucionales de El Salvador sobre la protección migratoria, según lo detalla el informe preliminar del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, en inglés). Por una parte, la institución comparte su satisfacción ante la disponibilidad de al menos 13 recursos de protección migratoria, incluyendo las recientes Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y Ley Especial de Migración y Extranjería; pero son 43 aquellos “motivos de preocupación”, pese a la existencia de instituciones y normas.
Migración irregular
8,568 migrantes irregulares han sido reportados por la CBP, hasta el segundo semestre del año, de acuerdo con el portal de la institución, en la sección Nationalwide. El dato, como se ha informado, representa una contracción de -52.56% de migrantes respecto de los 13,071 del año anterior. ContraPunto observa que ésta tendencia se reproduce en el cierre de los períodos fiscales anteriores, con excepción al del año 2021.
86,024 migrantes irregulares fueron reportados por la CBP, al cierre del año fiscal 2022; es decir, desde el mes de enero al mes de diciembre -no es un dato que inicia desde el último trimestre del año anterior, y cierre desde el tercer trimestre del año en curso-. El dato define una reducción del -35.04% respecto de los 117,024 migrantes irregulares reportados en el año 2021.
El registro acumulativo del año 2021, por otra parte, representaría un incremento del 88.7% respecto de los únicos 13,199 migrantes irregulares registrados por la CBP al cierre del año fiscal 2020. El registro del año 2020 es a su vez inferior en un -376.34% respecto de los 62,872 migrantes totales definidos como irregulares por la CBP en 2019. Ésta situación, según lo definieron las autoridades migratorias de Estados Unidos, es global, y responde al período en que se aplicaron las restricciones sanitarias para la contención del virus del Covid19, y del impacto posterior que hubo durante los procesos de reapertura gradual de las actividades económicas.
ContraPunto, como ya lo ha informado, hace notar que los datos son exclusivos de la CBP sobre la recepción de migrantes irregulares en el territorio total de EEUU. La información, como cabe intuir, no rinde detalles sobre la migración irregular registrada en otros países del mundo, aunque es EEUU el país de mayor importancia migratoria, ya que de acuerdo con el informe “Estimación Población Salvadoreña en el Exterior 2015”, el número de salvadoreños en dicho país era el de 2,900,607 personas.
Onu y aspectos positivos
“Aspectos positivos” fueron definidos en el último informe de la CMW, en la suscripción de al menos 21 normativas secundarias, tratados y convenios suscritos por El Salvador, para la protección migratoria. ContraPunto puede notar que la institución hace un principal señalamiento favorable sobre las últimas leyes Crecer Juntos y la Ley Especial de Migración y Extranjería.
CMW también destaca la suscripción favorable de instrumentos como el programa de Creación de Alianzas par la Migracíón, para la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de 2022; así como de la aprobación de la Ley Especial para la Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, del año 2020.
También califica de favorable la disposición de la Ley Especial contra la Trata de Personas, aprobada en 2014; así como la suscripción del El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, entre otros con competencia en la protección de la integridad de las personas migrantes.
Preocupaciones y el Régimen de Excepción
CMW enumera al menos 44 preocupaciones, sobre la administración de las leyes disponibles, su alcance y limitaciones sobre la realidad migratoria. La principal preocupación la señala sobre la vigencia del Régimen de Excepción, de más de un año, aún siendo “consciente de los desafíos en materia de seguridad que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad en su territorio”.
ContraPunto observa que la preocupación de la CMW sobre el Régimen no refiere al impacto en el flujo migratorio, sino a lo que ellos suponen sobre el “disfrute de los derechos humanos”. Pese a ello, se la CBP ha demostrado que el flujo migratorio hacia EEUU ha ha reducido en un 34.05% durante el período de 2022 respecto al de 2023; es decir, que es paralelo a los 10 primeros meses de vigencia del Régimen. Al mismo tiempo, ha demostrado que la migración irregular cayó al -52% durante el primer bimestre de 2023, respecto al primero del año 2021.
Por otra parte, autoridades del Gabinete de Seguridad sostienen que la reducción en los registros migratorios se da por la baja prevalencia de maras y pandillas en el territorio nacional, tras la detención de 63 mil de los 76,6 mil responsables de participar en varios de los más de 111 mil asesinatos desde 1994. En última instancia, se observa una reducción del 79% de homicidios intencionados desde el año 2022 (495), respecto del año 2019 (2,390).
Otras preocupaciones son redundantes en torno a las leyes y sus limitaciones. Hace sus observaciones sobre la Ley Especial de Movilidad Humana y en la creación de un Plan Nacional de la Migración, y recomienda que “ambos respondan a los estándares internacionales asegurando que respeta las provisiones de la Convención y evitando retrocesos en el reconocimiento de derechos que ya están plasmados en leyes y normativas vigentes” , pese a que son coherentes con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CADH).
Otras recomendaciones responden a la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los Convenios de la OIT sobre las Agencias de Empleo Privadas, 1997 (núm. 181), sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187) y sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), así como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”.
Otras observaciones responden al ámbito de la recopilación de datos, y a su divulgación semestral y anual sobre el flujo migratorio. Respecto de ello, asegura que “no existe un sistema unificado de datos relacionados con la migración capaz de proporcionar información basada en evidencia y actualizada de manera oportuna”; y presume de una ausencia de datos cuantitativos y cualitativos sobre la niñez no acompañada en los países de tránsito migratorio, por lo que recomienda instituirlo de forma unificada.
CMW también recomienda un monitoreo independiente, pese a expresar su satisfacción sobre la creación de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La recomendación subyace de una presunta “limitada cooperación” entre la PDDH y organizaciones sociales, y del respectivo nombramiento de representantes.
Entre otras cosas, también presume que “no existe la figura de la detención migratoria y de la función del Centro de Atención Integral para Personas Extranjeras Migrantes (CAIPEM)”, pese a que nota que el Estado utiliza la figura de “detención administrativa”. Y ante escenarios posibles de la detención migratoria, sugiere “garantizar condiciones adecuadas y decentes en los lugares en los que se realiza la detención administrativa, por el plazo menor posible, así como, en su caso, la separación efectiva de los migrantes en detención administrativa de quienes están siendo investigados penalmente”.
