Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, envía mañana sábado una “misión técnica” a Venezuela para preparar su visita a ese país, a invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Busca “tener certeza que obtendría acceso irrestricto a todas las personas y a todos los lugares que quisiera visitar, en aras a obtener una visión nítida de la situación de derechos humanos” en Venezuela, indicó su portavoz en Ginebra.
Al mando del español José María Aranaz, funcionario de la ONU en Ginebra, lo acompaña la alemana Birgit Gerstenberg, responsable de la Oficina de la Alta Comisionada para América del Sur, con base en Santiago de Chile. También la española Sara Nuero, Oficial de Derechos humanos de la ONU en Panamá, y el mexicano Carlos de la Torre, uno de los investigadores del caso venezolano en el equipo de Bachelet en Ginebra, coautor de dos informes en 2017 y 2018, que revelaron indicios de crímenes de lesa humanidad, atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.
La misión espera reunirse con integrantes de la sociedad civil, del gobierno, y otras instituciones del Estado, incluso la Asamblea Nacional, sin olvidar a las víctimas de violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de acuerdo a las obligaciones para los Estados de los estándares internacionales; y tiene previsto visitar, del 11 al 22 de marzo, la capital Caracas, Barquisimeto, Valencia y Puerto Ordaz.
“Bachelet debe de hablar con todos los interlocutores, y todas las victimas -no solamente victimas de exceso de la fuerza por la policía sino también violencias de la extrema derecha y de las "guarimbas" (grupos armados ilegales)-“¦ lo más importante es que estudie las causas de la crisis y no acepte la caricatura mediática que las únicas causas son "la incompetencia y la corrupción" o el narrativo ideológico que "el socialismo es un modelo fallido", y examine el impacto de las sanciones y el bloqueo financiero”, declaró hoy el ex Relator de la ONU, Alfred de Zayas, al margen de su intervención de ayer en un evento paralelo a este Consejo. “No comentamos”, respondió la portavoz de la Alta Comisionada.
Michelle Bachelet intervino ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, que se van rotando anualmente, y al referirse a Venezuela afirmó que la “situación se ha visto exacerbada por las sanciones”, y “la actual crisis política, económica social e institucional es alarmante”. Sostuvo que “el numero sin precedentes de venezolanos obligados a dejar sus hogares … acarrea “serias consecuencias en toda la región”, alrededor de 3,6 millones de personas, coinciden diferentes órganos de Naciones Unidas.
La diplomacia venezolana salió hoy al cruce ante el mismo Consejo y deploró que “gobiernos pro-imperialistas de nuestra región se sumen a los planes intervencionistas que pretenden destruir nuestra democracia participativa y protagónica”, y acusó al “gobierno de los Estados Unidos y sus socios (“Cartel de Lima” y Unión Europea) de argumentar “la existencia de una supuesta “crisis humanitaria”, presunta excusa “¦ para “actuar contra Venezuela bajo el argumento de la responsabilidad de proteger”.
“En sus ansias por ver satisfechos los apetitos del imperio norteamericano, los lacayos regionales se precipitaron a reconocer a un diputado venezolano autoproclamado como presidente interino”, concluyendo “que el gobierno de Trump y sus acólitos regionales, se oponen a una solución pacífica “¦, y a cualquier forma de diálogo entre venezolanos”, apuntó así el delegado de Maduro a Juan Guaidó, líder de la oposición..
Los principales miembros del Grupo de Lima, “comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social” de Venezuela, anunciaron en Ginebra que van a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad”, sobre la base de una petición del 27 de septiembre de 2018 a la fiscalía de la CPI, refrendada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a la que se han sumado Costa Rica y Francia, siendo “bienvenida por Alemania”.
