Familiares de reos civiles albergados en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, exhortan al Gobierno que revoque las medidas de emergencia implementadas en ese penal, o que permita el traslado de sus parientes hacia uno de régimen normal debido a las “torturas que por ese sistema están recibiendo".
“Mi papá no es pandillero y esta siendo torturado psicológicamente; él tiene problemas de presión alta, desde el 21 de marzo de este año no le he dado medicamentos, esto es muy grave; llamo al penal y no me reciben”, expresó con voz entrecortada, Laura Flores, hija del reo Reynerio de Jesús Flores Lazo, capturado en 2009 por supuesto tráfico de drogas.
Reynerio, está cumpliendo una condena de 80 años, según su hija; él estaba presuntamente vinculado a la banda de Los Perrones y habría movilizado en Centroamérica más tres mil kilos de cocaína que fueron valoradas en 82 millones dólares, informó en su momento la Policía Nacional Civil (PNC).
Cómo Reynerio muchos son los privados de libertad recluidos en dicho penal, que desde el 29 de Marzo de 2016, se encuentra bajo un régimen de emergencia impuesto por el Gobierno de El Salvador para combatir la ola de sangre que empañaba al territorio nacional.
Las medidas aún se mantienen y privan a los reos de visitas familiares, permaneciendo las 24 horas del día encerrados en sus celdas, “sin sol, sin medicinas, sin atención”, afirmó Laura junto a Alfonso Gudiel, abogado de Flores Lazo y de otros 19 reos civiles del penal.
“Ellos no pertenecen a grupos de pandillas, no son terroristas, el trato y la aplicación de medidas son las mismas, a todos los miden con la misma vara, esto es una flagrante violación a derechos humanos, denunciamos la tortura a la que son sometidos”, declaró Gudiel, quién afirma que los reos a los que representa, están sufriendo complicaciones serias de salud.
A la denuncia se sumó, Yanira de Herrera, esposa del reo conocido como, Roberto “el burro” Herrera, quién fue enviado al penal de Zacatecoluca con una condena de ocho años, según su esposa. Herrera ha sido acusado como uno de los principales miembros del Cártel de Texis, vinculados a tráfico de drogas y lavado de dinero.
Yanira, al igual que Laura, denuncia que “el burro” ha sido torturado psicológicamente debido a las medidas de emergencia que se desarrollan en esa cárcel.
“Nosotros no estamos en contra de las medidas que se están implementando para la seguridad, sino que pedimos que se ejecuten simplemente a los pandilleros, los terroristas, nuestros familiares son reos civiles que nunca han sido pandilleros”, dijo la esposa.
Los denunciantes afirmaron que harán llegar sus solicitudes hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a fin de que “a la brevedad” sean trasladados las personas civiles recluidas en ese penal.
“Responsabilizamos al Estado de las consecuencias que puedan afectar a nuestros parientes y nos reservamos el derecho de demandar a la Dirección General de Centros Penales”, acotaron.
