El exministro de Obras Públicas en gobiernos del FMLN, Gerson Martínez, ha recibido de México el estatus de refugiado, esto en medio de formar parte de una estructura corrupción liderada por Mauricio Funes, durante su periodo presidencial.
La noticia fue dada a conocer este lunes por su abogado defensor, Pedro Cruz, quien habló sobre el paradero de su cliente.
“Deseo aprovechar para hacer del conocimiento de la población salvadoreña que Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución política en el estado de México”, dijo.
Cruz argumentó que su cliente ha sido catalogado como “perseguido político”, esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusara de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito junto a otros ocho exfuncionarios del gobierno del también prófugo, Mauricio Funes.
Debido a que no han querido presentarse a los tribunales para enfrentar la justicia, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenó se emitiera difusión roja y orden de captura internacional contra Martínez.
Ante esto, el defensor dijo que con este nuevo panorama, las autoridades deben estudiar el caso y no se puede hacer una captura inmediata.
No es la primera vez que México otorga refugio a un alto cuadro del FMLN: En marzo del año pasado se conoció que ese gobierno había concedido asilo político al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien está acusado de mover seis millones de dólares en actividades ilícitas.
A finales de julio, la Fiscalía acusó formalmente a 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) por presuntamente haber recibido sobresueldos durante el tiempo en que ejercieron sus respectivos cargos.
De esas 10 acusaciones, se hicieron efectivas las capturas de Violeta Menjivar, Carlos Cáceres, Hugo Flores, Erlinda Handal y Calixto Mejía. Durante el gobierno de Funes, cada uno ejerció respectivamente los cargos de viceministra de Salud, ministro de Hacienda, viceministro de Agricultura y Ganadería, viceministra de Ciencia y Tecnología y viceministro de Trabajo.
Además de Martínez, entre los exfuncionarios que se encuentran prófugos de la justicia está el expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien durante el mandato de Funes fue vicepresidente y ministro de Educación ad-honorem.
El 30 de julio pasado, el gobierno de Nicaragua confirió ciudadanía a Sánchez Cerén, así como a su esposa, su hija y su nieto. De acuerdo con las normas internas de dicho país, ninguno de sus ciudadanos puede enfrentar extradición para enfrentar la justicia de otra nación.
Sánchez Cerén siguió así el ejemplo del expresidente Mauricio Funes, quien en 2016 recibió la ciudadanía nicaragüense de parte del régimen de Daniel Ortega. El exmandatario es requerido en El Salvador por al menos nueve procesos legales, la mayoría de ellos relacionados con casos de corrupción ocurridos en su gestión.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios de Funes se favorecieron con entregas de dinero ilegales entre el 2009-2014, los cuales fueron avalados por el exgobernante. La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos estableció que el monto estimado que habrían lavado es de $2,643,000.
