Por Alonso Rosales
Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un histórico acuerdo que podría alcanzar los 18 mil millones de dólares para poner fin a una amplia batalla judicial en Estados Unidos por las acusaciones de que sus plataformas fueron diseñadas para generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y que la compañía no protegió adecuadamente a los menores.
El acuerdo, anunciado el 26 de agosto, involucra a una coalición de fiscales generales de estados y territorios estadounidenses y representa uno de los mayores acuerdos alcanzados por una empresa tecnológica en la historia del país. Meta, sin embargo, no admite responsabilidad ni reconoce haber cometido las conductas que se le atribuyen.
La cifra de 18 mil millones de dólares requiere una explicación. El acuerdo contempla aproximadamente 12.7 mil millones de dólares en pagos garantizados durante diez años, mientras que otros 5 mil millones están condicionados a que plataformas como TikTok y YouTube adopten medidas semejantes. A esto se suman acuerdos separados que llevan el monto global a una cifra cercana a los 18 mil millones.
Pero el dinero no es el único componente del pacto. Meta deberá introducir importantes modificaciones en Facebook e Instagram para los usuarios menores de edad. Entre ellas se encuentra un límite predeterminado de dos horas diarias de uso, restricciones durante la noche, desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana, silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar y mecanismos más estrictos para verificar la edad de los usuarios.
Florida rechaza el acuerdo
La oposición más contundente provino de Florida, cuyo fiscal general, James Uthmeier, decidió no incorporarse al acuerdo. Su argumento es que los 18 mil millones de dólares representan una cantidad insuficiente frente al tamaño y el poder económico de Meta.
Uthmeier calificó el acuerdo de insuficiente y sostuvo que para una empresa valorada en más de un billón de dólares la cantidad pactada no representa un castigo económico capaz de modificar sustancialmente su comportamiento. Florida continuará su propia batalla judicial contra Meta.
Nuevo México tampoco participa, pero por una razón diferente: ese estado ya obtuvo una sentencia contra Meta que establece 942 millones de dólares en responsabilidades económicas, además de reformas supervisadas judicialmente para proteger a los menores.
El acuerdo, por tanto, no significa el final de los problemas legales de Meta. Persisten demandas de familias, distritos escolares y particulares que alegan daños relacionados con el uso de sus plataformas.
Más allá de los 18 mil millones de dólares, el verdadero alcance del caso está en una pregunta que comienza a imponerse en Estados Unidos y otros países: ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas cuando sus modelos de negocio dependen de mantener a los usuarios conectados y, particularmente, cuando esos usuarios son menores de edad?
El acuerdo podría convertirse en un precedente para toda la industria tecnológica. Para sus defensores, obliga por primera vez a una de las mayores compañías digitales del mundo a modificar elementos fundamentales de sus plataformas. Para sus críticos, la suma es insuficiente y las medidas todavía no atacan de raíz el modelo algorítmico que, según las demandas, contribuyó a crear el problema.
Meta evita así un juicio potencialmente mucho más costoso y prolongado, pero la controversia sobre la responsabilidad de las redes sociales frente a la salud y seguridad de los menores está lejos de terminar.
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