Tras más de cinco años y 430 vistas judiciales, este jueves terminó en Múnich la fase de alegatos del megajuicio contra la única superviviente de una célula neonazi considerada autora de la serie de violencia ultraderechista más sangrienta vivida por Alemania en la posguerra.
El jueves, la abogada defensora de Beate Zschí¤pe, la principal acusada, fue la última persona en tomar la palabra en la fase decisiva de un proceso judicial que encara ya su final.
Ahora, el Tribunal Regional Superior de Múnich debe cotejar las últimas pruebas presentadas por los letrados de la encausada y si no hay nuevos retrasos, se allanaría el camino para que el veredicto que decidirá el destino de la presunta terrorista y otros cuatro acusados se dicte en el mes de julio.
Sobre Zschí¤pe recae la sospecha de pertenecer a la célula alemana neonazi Resistencia Nacionalsocialista (NSU), acusada de asesinar a ocho inmigrantes turcos, a uno griego y a una policía alemana entre los años 2000 y 2007 y de perpetrar un ataque bomba en Colonia contra el negocio de una familia iraní.
La principal encausada, que integraba el trío neonazi con sus compañeros Uwe Mundlos y Uwe Bí¶hnhardt, ambos ya fallecidos, se enfrenta a una pena de cadena perpetua. Junto con ella rinden cuentas ante la Justicia Carsten S., Ralf W., André E. y Holger H, acusados de colaboración en la trama de violencia ultraderechista que más revuelo ha causado en la potencia europea desde la Segunda Guerra Mundial.
Durante el juicio, la Fiscalía también acusó a Zschí¤pe de consumar varios atracos graves y de prender fuego a la última vivienda que compartía con Mundlos y Bí¶hnhardt una vez que ambos habían muerto.
En los últimos cinco años, la Justicia alemana llamó a declarar a cerca de mil testigos y consultó a medio centenar de expertos para intentar arrojar luz sobre la célula neonazi que sembró durante años el terror en Alemania.
El caso, que comenzó a juzgarse en mayo de 2013, dejó al descubierto graves fallos por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, suponiendo que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.
