Familiares de las víctimas de la masacre del río Sumpul reafirmaron su denuncia en contra de la Fiscalía General de la República, esto por no brindarles justa y cumplida justicia al no llevar a juicio a los responsables de la matanza, pese a que la denuncia fue interpuesta ante el Juzgado de Paz de Primera Instancia de Chalatenango en 1992.
Este acto cometido por las Fuerzas Armadas de El Salvador el 13 y 14 de mayo de 1980, con el afán de desbaratar de las estructuras de los grupos guerrilleros, que entregaron las armas en 1992 y terminaron convirtiéndose en el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Para el 13 y 14 de mayo próximo campesinos, estudiantes y activistas de derechos humanos, realizarán un acto público en el Caserío Las Aradas, en el municipio de Ojo de Agua, Chalatenango, lugar donde ocurrió la matanza de 300 pobladores y a quien la Comisión de la Verdad señaló como autor principal a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, Guardia Nacional y paramilitares de la Organización Nacional Democrática (ORDEN).
Sin embargo, los familiares han identificado a más de 600 hombres, mujeres y niños que fueron brutalmente asesinados en el operativo militar.
“A 42 de la masacre, los sobrevivientes y familiares seguimos demandando justicia y reparación, lamentamos la negativa de las instituciones encargadas de hacer justicia y del Gobierno que no ha agilizado lo procesos para que se investigue la realidad de los hechos”, declaró Felipe Tovar, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Sumpul.
A 42 años de la masacre, los demandantes exigieron al Estado salvadoreño que garantice la verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Los familiares de las víctimas lamentan que ningún gobierno ha tomado las medidas para responder a sus demandas, y que al contrario, han sido obstaculizados con la creación de leyes, como la Ley de Amnistía General y la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa anterior en 2020, con la que se eximía de responsabilidad penal a los imputados a cambio de confesar el paradero de los cuerpos de las víctimas.
En ese sentido, pidieron al Estado que asuma con responsabilidad el caso, que se reconozca la veracidad de los hechos, se pida perdón a las víctimas, así como una reparación material que incluya una pensión digna, programas de salud mental, proyectos de vivienda, educación, espacios físicos de recreación que brinde a las sobrevivientes condiciones de esparcimiento.
Tras las demandas, también dijeron estar preocupados por el clima político actual debido a la persecución, acoso y militarización hacia organizaciones de derechos humanos.
El pasado 29 de abril, el Instituto de Medicina Legal entregó osamentas a los familiares de seis personas, que fueron exhumadas en el Cantón Llano Grande de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango. Miriam Alas, representante de la La Asociación para el desarrollo de El Salvador (CRIPDES), consideró que los hallazgos de los restos ponen en evidencia el crimen.
