La Alianza Social por la Gobernación y la Justicia (ASGOJU) se unió este martes al llamado que diversas organizaciones han realizado a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley que prohíba definitivamente la minería en El Salvador.
ASGOJU mostró su respaldo a la iniciativa de la Iglesia Católica, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Cáritas y alcaldes de diversos municipios del país que entregaron un anteproyecto de ley en contra de la actividad minera. Fue el 7 de febrero que el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, presentó el documento ante los diputados.
“La minería nos va a traer más desastre del que ya tenemos en El Salvador”, fueron las palabras de Rutilio Sánchez, sacerdote y miembro de ASGOJU, que además agregó: “nos vienen a decir que la minería va a traer desarrollo y una economía buena, pero ¿cómo puede ser que traiga avance si solamente deja el 2 por ciento de ganancias y se lleva el 98%, deja las tierra totalmente en desastre por todo el veneno que deja a parte que destruye las comunidades?”
Por su parte, Margarita Posada, que también es parte de ASGOJU, hizo un llamado a los diputados salvadoreños para que prohíban la exploración y la explotación minera en el país con el fin de resguardar los derechos a la salud, a la tierra y a la vida de la población. Además hizo un llamado a la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a que fije una postura pública en contra de la actividad minera.
De igual manera los representantes de ASGOJU exhortaron al poder Ejecutivo para que promueva la aprobación de la ley en el seno dela Asamblea Legislativa. Entre el 2000 y 2010, la dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía recibió 95 solicitudes, tres de explotación minera y 92 de exploración de parte de distintas empresas. Sin embargo, una moratoria administrativa emitida en 2009 ha logrado parar, momentáneamente, las concesiones.
Debido a que en El Salvador no existe una ley que prohíba la minería el Estado ha enfrentado demandas realizadas por empresas mineras; una de ellas fue hecha hace siete años por Pacific Rim/Oceana ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por más de $250 millones de dólares por la negación de explotación en San Isidro, Cabañas.
Recientemente el CIADI resolvió que la empresa minera Pacific Rim/Oceana debía pagarle al Estado ocho millones de dólares por los costos procesales en lo que el Estado incurrió en la defensa.
Sin embargo, el plazo para que le empresa le pague al Estado ha vencido, por lo que ASGOJU solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que tome las medidas pertinentes para que obligue a la empresa minera a pagar lo antes posibles.
De igual forma 280 organizaciones con más de 180 millones de miembros en todo el mundo enviaron una declaración al presidente y al Consejo de Administración de la empresa canadiense-australiana OceanaGold para exigirle que acate la resolución del CIADI y que abandone El Salvador.
