El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se desligó del surgimiento de las “plazas fantasmas” en este Órgano de Estado y aseguró que la responsabilidad recaería en cada uno de los empleados legislativos y en los grupos parlamentarios, al atender de forma correctas las labores que les toca desempeñar.
“El problema está en el control que los grupos parlamentarios debían de tener y ahí no se mete la parte institucional, esta Presidencia no se mete en las decisiones de los grupos parlamentarios”, sotuvo.
Explicó, que la modalidad que se ocupa para las contrataciones de personal en cada bancada, es mediante una propuesta y se adquieren los servicios de acuerdo al monto asignado por cada grupo parlamentario.
Pero si se trata de trabajadores institucionales, es diferente el control de la entrada y de estos, donde no lo tienen son en los que tiene cada grupo parlamentario.
Agrega que el personal institucional cumple su horario de trabajo, "tanto acá como en las oficinas departamentales hay control”.
De acuerdo al presidente legislativo, serán los grupos parlamentarios los que deberán responder en las auditorías y no la parte institucional.
“Mi obligación llega hasta contratarles el personal”, expresó.
El pecenista recuerda que, en enero de 2020, se aprobó un decreto de retiro voluntario para empleados institucionales, no de grupos parlamentarios para disminuir carga de planilla, pero que solo 14 personas se acogieron a la ley transitoria.
Los beneficiarios recibirían una compensación calculada en base a su salario mensual, con un máximo de $35,000.
También, menciona que el plazo de contratación de los empleados de grupos parlamentarios finaliza el 30 de abril de 2021.
Delitos por “plazas fantasmas”
Por su parte, la abogada Tahnya Pastor, dijo que algunos funcionarios de la actual Asamblea Legislativa estarían cometiendo varios delitos relacionados con el caso de más de 1,000 plazas fantasmas en ese órgano de Estado. La especialista en leyes dijo que los diputados podrían ser acusados de estafa, falsedad ideológica y negociaciones ilícitas.
“Estos contratos son falsos, estos contratos contienen una voluntad viciada y quizá es un contrato criminal, es decir, es un medio utilizado para un fin de defraudar al erario público”, explicó la abogada.
Otro de los delitos que podrían enfrentar los diputados es la omisión de aviso, ya que no solo los jefes de fracción o la junta directiva del congreso tienen conocimiento de las plazas fantasmas, sino también el resto de los funcionarios.
“El artículo 312 del código penal establece que el funcionario que tenga conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y es ridículo la pena que se le impone a los funcionarios que no cumplen con su deber de informar a las autoridades”, expresó Tahnya Pastor.
Además, la abogada comparó las penas de los delitos de corrupción para un funcionario público y la de un ciudadano común y expuso que se trata de castigos “blandos” para los diputados.
