Diez años han pasado desde que Manuela (33 años de edad y nombre simbólico para proteger su identidad y la de su familia) murió dentro de una cárcel salvadoreña, una mujer cuya historia se convirtió en un símbolo de la injusticia de la que muchas mujeres son víctimas por la dura penalización del aborto que existe en El Salvador.
Antes de su muerte, Manuela sufrió un calvario provocado no solo por la injusta condena, si no por el cáncer linfático que padecía y que no fue detectado a tiempo. Manuela desde el año 2006 visitó un centro de salud quejándose de náuseas, dolores de cabeza y cansancio, los médicos le decían que eran consecuencias de la gripe y le recetaban analgésicos. Pero sus malestares eran a causa del cáncer que no le diagnosticaron.
Ella quedó embarazada en 2008 y por lo débil de su estado de salud sufrió un aborto espontáneo en 2009, los doctores del hospital de San Francisco Gotera, ubicado en Morazán, lejos de atenderla por la hemorragia que presentaba se apresuraron a denunciarla y ella aún convaleciente fue detenida y esposada a su cama.
Luego de un juicio en el que poco o nada pudo hacer para defenderse, ella fue condenada a 30 años de cárcel, lugar en el que “no tenía acceso a agua potable, no había enfermería y tenía que dormir en el suelo. (…) A pesar de su evidente estado las autoridades penitenciarias y de salud no actuaron diligentemente para garantizar su vida e integridad. Manuela murió (el 30 de abril de 2010) sola, lejos de su familia e hijos en el pabellón de reos del Hospital Nacional Rosales, esposada a su cama y siempre custodiada”, cita un comunicado de la Agrupación ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Durante la conferencia virtual “10 años sin Manuela”, Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, expresó que “el caso de Manuela es un caso doloroso, emblemático, que representan los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en El Salvador debido a la prohibición total del aborto, lamentablemente una de las leyes más restrictivas del mundo que busca castigar a las mujeres”.
En El Salvador desde 1998, cuando el artículo 133 del Código Penal fue reformado, el aborto es penalizado en todas sus formas. Antes de ese año eran permitido tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.
La pobreza es un crimen para las mujeres salvadoreñas
Angélica Rivas, feminista y abogada, dijo durante la conferencia virtual que el caso de Manuela no es aislado y que la justicia en El Salvador continúa “criminalizando selectivamente” a las mujeres salvadoreñas. Selectivamente porque las más vulnerables son aquellas que viven en la pobreza, no tienen estudios y tampoco un trabajo digno.
“Las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales tienen mayor probabilidad de experimentar emergencias obstétricas, abortos espontáneos y abortos inseguros y graves complicaciones derivadas de ellos”, dijo Rivas.
La tercera edición de la investigación “del Hospital a la Cárcel”, realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señala que de 1998 a 2019 en El Salvador han criminalizado 181 mujeres que sufrieron abortos espontáneos o emergencias obstétricas, del total, tres son niñas de 10 a 14 años de edad.
Según el documento, la edad de las jóvenes que han sido judicializadas oscila entre los 14 y 24 años. El 41 por ciento de estas mujeres tenían estudios de primaria, el nueve por ciento no sabía leer ni escribir. En cuanto a su situación laboral, 53 por ciento no tenían ingresos fijos; el 38 por ciento se dedicaban a oficios domésticos y el 15 por ciento estaban estudiando.
El caso de Manuela fue uno de los primeros que llevó a El Salvador a estar en la mira internacional, sobre todo cuando en marzo de 2012 la Agrupación, la Colectiva Feminista y el Centro de Derechos Reproductivos decidieron presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado salvadoreño por la detención arbitraria y trato cruel en contra de una mujer, quien fue acusada de homicidio agravado, cuando en realidad lo que sufrió fue un aborto espontáneo.
En la conferencia virtual “10 años sin Manuela”, Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, señaló que la CIDH ante la falta de justicia y acción del Estado salvadoreño tomaron la decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en julio de 2019.
Martínez dijo que la llegada de este caso a la Corte y su litigio permitirá crear estándares que todos los países miembros, no solo El Salvador, deberán acoger y cumplir para garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las mujeres, inclusive el de las mujeres privadas de libertad. Además de establecer precedentes para que las acciones legales se ajusten al debido proceso; para que los operadores de salud respeten el secreto profesional y para que El Salvador garantice los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Por su parte, representantes de la Agrupación Ciudadana consideran que “la llegada de este caso a la Corte IDH representa la primera oportunidad para que ese tribunal se pronuncie sobre las violaciones a los derechos de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, el rol del secreto profesional del personal médico en esos contextos de criminalización y el peso de los estereotipos de género en el acceso a la justicia de mujeres en situaciones vulnerables”.
Organizaciones internacionales abogan por mujeres criminalizadas
Ante el silencio del Estado salvadoreño, no solo por parte del Gobierno que actualmente dirige Nayib Bukele, sino de los que le anteceden, y aunada la situación de decenas de mujeres en El Salvador que sufren la criminalización del aborto, varias organizaciones internacionales han pedido que se modifiquen las leyes para evitar criminalizaciones injustas.
Una de las instancias es el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que en 2017 recomendó “al Estado aprobar reformas al Código Penal para legalizar el aborto en al menos cuatro causales.”.
Y en febrero pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la ONU, emitió una resolución inédita pidió al Estado salvadoreño que pongan en libertad de inmediato a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios.
A los casos que se refirió el Grupo de Trabajo son el de Sara Rogel, una joven que fue detenida en 2012 cuando tenía 22 años y sufrió un aborto a raíz de una caída. También a Berta Arana, privada de libertad en 2013 cuando tenía 20 años por un parto extrahospitalario. Y el tercer caso al que se refirió el Grupo es el de Evelyn Hernán quien fue condenada a 30 años de prisión acusada de homicidio agravado después de sufrir un parto hospitalario, la joven de 21 años fue absuelta en agosto de 2019, sin embargo la Fiscalía General de la República apeló la decisión y Evelyn continúa esperando la decisión de la justicia salvadoreña.
Ellas, al igual que Manuela, se han convertido en ejemplos de la injusticia en un país que, según Morena Herrera, feminista y representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al no garantizar, entre otras cosas, el acceso al sistema de salud de las mujeres salvadoreñas, sobre todo a las más vulnerables.
