El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Leonardo Ramírez Murcia, calificó de "gravísimo" la desobediencia del presidente de la República, Nayib Bukele, a la orden de inspección de archivos militares girado por el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, por la investigación de la masacre de El Mozote.
Ramírez explicó que con esta acción se afecta "la independencia de la administración de justicia".
“Yo creo que lo correcto hubiera sido por parte del ministro de la Defensa Nacional, abrir las puertas y colocar una comisión que estuviese acompañando al juez en lo que estuviera haciendo (…) irrespetar la orden de un juez, eso es gravísimo, gravísimo, nadie está facultado para irrespetar la orden de un juez, la decisión de un juez", expresó.
El magistrado cuestionó el accionar de la Fuerza Armada y advirtió que al igual que en los años ochenta, cuando el país vivió el conflicto armado, puede continuar contribuyendo a "entorpecer" los procesos de investigación.
“Estamos todavía aprendiendo las lecciones que nos ha dejado los años 70, los años 80 y parte de los años 90; estamos aprendiendo esas lecciones, el problema es que podamos repetirlas por no haberlas aprendido", indicó.
En ese sentido, pidió a las autoridades, entre ellas el ministro de Defensa, colaborar con el juez de instrucción de San Francisco Gotera.
“Esperaría que las autoridades colaboren con el juez. El juez va a estar yendo y va a estar viniendo, va a estar yendo y va a estar ordenando porque no puede dejar de hacer su trabajo, si él no hace su trabajo tiene no solamente la demanda de las víctimas sino también por omisión puede estar incumpliendo su propio desempeño”
Ayer, por quinta ocasión, se negó al juez Guzmán revisar los archivos militares, esta vez en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel.
Al igual que en ocasiones anteriores, la institución castrense ha entorpecido el trabajo sin ninguna justificación legal, según lo indicado por querellante del caso El Mozote, David Morales.
“Se trata de un incumplimiento deliberado por órdenes del mismo presidente Bukele y el ministro Merino, lo que significa un delito de encubrimiento, un delito de desobediencia a una orden judicial, entre otros. Están protegiendo a criminales de guerra", dijo Morales.
Los defensores de los derechos humanos han sido respaldados con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró improcedente el amparo presentado por el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, con el cual bloqueó en dos ocasiones las inspecciones de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y sitios aledaños, registrado en diciembre de 1981.
Semanas atrás, Merino Monroy presentó un amparo en contra del procedimiento encabezado por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, donde alegaba que no les permitió el acceso porque se estaba poniendo en riesgo planes militares secretos.
Ante esto, la Sala sostuvo que el referido proceso está encaminado en contra de las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre, por lo que ese proceso en sería tramitado contra personas naturales ya determinadas y no contra la institución que el Ministro representa; es decir, la Fuerza Armada.
Pese a esto, los militares insisten en bloquear el paso a los defensores de los derechos humano, que su única finalidad es resolver esta masacre que ha sido catalogada como la más sangrienta en la historia reciente de Latinoamérica.
Ante esto, mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aceptó que no permitió el acceso, por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.
“El problema no son los archivos… Porque ellos (El juez, Jorge Guzmán y PDDH) gobernaron 10 años y digo ellos, porque ambos responden al FMLN y saben lo que hay ahí en el Estado Mayor Conjunto; saben que los archivos de El Mozote no están ahí. Lo que quieren es entrar con conocimiento y ver lo que hay ahí y decir abran esa puerta, probablemente para ver que hay en el Comando de Operaciones y enterarse de alguna operación militar de la semana pasada”, afirmó.
Además, confirmó que fue él quien descalificó los archivos al considerarlos que ya no eran estratégicos, por lo tanto, ordenó que se sacaran de donde estaban, se revisaran para posteriormente empaquetarlos y entregarlos a las instancias correspondientes.
En este sentido, la documentación enviada desde la Casa Presidencial llegó a manos del Juez y que "supuestamente contendría esos documentos que estaban en las cajas que mostró el presidente (Nayib Bukele) en cadena nacional".
"Desconocemos si es información útil para el caso o se trata de documentación sin valor que ha enviado el presidente para aparentar cumplimiento", señaló Morales.
Donde sí logró ingresar el Juez y el equipo multidisciplinario fue al Palacio Nacional, lugar donde revisaron el expurgo militar que se encontraba almacenado en el Archivo General de la Nación.
En la inspección se encontró en parte de las tres cajas del expurgo militar, valiosa información, que servirá para abonar al proceso.
“Es falsa la afirmación del presidente y personeros del gobierno en el sentido que digan que no existen los documentos que se iban a buscar, existen y lo ha informado la propia Fuerza Armada al Tribunal, buscaremos que la entreguen en un informe escrito, aunque es probable que si envían algo, lo envíen mutilado o manipulado, dada esta actitud de encubrimiento que estamos constatando", afirmó Morales.
Tras el nuevo bloqueo, el juez se dirigió al centro judicial de San Miguel para levantar un acta de lo sucedido y pedir se investigue si se han cometido delitos como: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.
Este jueves el juez intentará revisar los archivos militares en el Destacamento Militar N°4 de San Francisco Gotera.
