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Madres le exigen al gobierno localizar a sus hijos desaparecidos en manos de la PNC

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En complicidad con el Ejecutivo, el Órgano Judicial se ha hecho del "ojo pacho" ante las decenas de denuncias de salvadoreños, que comprueban la inocencia de sus familiares cautivos.

Más de una treintena de madres desesperadas llegaron, el martes, a la fachada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para interponer un “Habeas Corpus” en favor de 39 personas que han sido detenidas de forma irregular durante la puesta en marcha del Régimen de Excepción, que inició el 27 de marzo.

El grupo perteneciente a las Comunidades Eclesiales de Base en las comunidades Tierra Blanca, San Marcos Lempa y El Zamorano, todas del Bajo Lempa, Usulután, quienes desde hace meses han manifestado su descontento por las situaciones de discriminación que sufren a diario y a esto se suma las detenciones arbitrarias.

Las ciudadanas recibieron el respaldo de la organización, Cristosal, y Tutela Legal María Julia Hernández, para colocar la solicitud de este procedimiento que implica que un juez examine la legalidad de una detención y el respeto a la integridad física, psíquica y moral de una persona detenida.

“Ya no sabemos qué más hacer, hemos terminado agotadas, con mucha angustia”, dijeron lasa progenitoras indignadas mediante la emisión de un comunicado y que en total son 51 comunidades las que han presentado su “Habeas Corpus”.

Las desesperación radica en que han buscado sin éxito la información de sus familiares detenidos en las instituciones de Seguridad y Justicia, centros penitenciarios, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto se debe a consecuencia que esta administración presidencial, se ha distinguido por esconder o entorpecer la información pública a civiles y medios de comunicación.

Muestra de ello es el ataque el que mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, y su gabinete realizan constantemente a los comunicadores que no van a favor de sus objetivos, quienes han mostrado las condiciones de precariedad en las cuales se encuentran estas personas en las afueras de las cárceles salvadoreñas.

Por su parte, Human Rights Watch y Cristosal han detectado al menos 40 casos de “desapariciones forzadas de corto plazo” cometidas por las fuerzas de seguridad públicas, al negarse a proporcionar información sobre las personas bajo custodia.

“Con sus acciones está dejando traumas profundos en nuestras vidas”, dijo una de las representantes del grupo, quienes algunas esconden con diferentes artículos su rostro, para evitar ser objeto de investigación de las fuerzas represoras del gobierno y ser víctimas de detenciones arbitrarias.

Sólo en el primer mes del régimen de excepción se presentaron 117 habeas corpus, de los cuales 80 fueron presentados ante la Sala de lo Constitucional y que hasta la fecha solo dos fueron admitidos. Respecto a las capturas masivas, el gobierno ya lleva la cantidad de 34 mil presuntos delincuentes enviados a los penales de Izalco en Sonsonate y “La Esperanza” -mejor conocido como “Mariona”, San Salvador.

En complicidad con el Ejecutivo, el Órgano Judicial se ha hecho del “ojo pacho” ante las decenas de denuncias de salvadoreños, que comprueban la inocencia de sus familiares cautivos.

Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal, dijo que las familias están utilizando todos los recursos que la institucionalidad permite para obtener justicia y enfatizó en que el régimen de excepción no elimina el derecho de la población a la “presunción de inocencia”.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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