Autoridades del Ministerio de Trabajo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmaron este miércoles por primera vez un convenio que busca garantizar que lugares de trabajo públicos y privados no induzcan al voto a sus empleados, y que permitan asistir a las capacitaciones de Junta Receptora de Votos (JRV) con goce de sueldo a quienes les corresponde cumplir con este deber ciudadano.
La ministra de trabajo, Sandra Guevara denunció que algunas instituciones han hecho presiones o inducción para que las personas trabajadoras ejerzan su voto por un partido determinado.El sector comercio, servicios y algunas alcaldías, entre las más denunciadas.
“En algunos "call center" en ocasiones han concentrado al personal y les han ordenado que vayan a votar y que para garantizarles el empleo les piden que toman fotografía al voto y eso es prohibido”, dijo Guevara.
La funcionaria detalló que serán 98 inspectores a nivel nacional los que verificarán las posibles inducciones al voto, como las prohibiciones o descuentos de quienes asistan a capacitaciones de JRV. La multa impuesta es por cada persona trabajadora y equivale a $57.14. A la fecha, esta cartera de Estado ha impuesto 15 multas a instituciones que violentaron derechos de personas trabajadoras.
Por su parte el presidente del TSE, Julio Olivo fue enfático al señalar que será anulado todo voto que se sorprende haya sido fotografiado o mostrado al público.
“Se ha instruido al personal de mesas sobre ese tema y se garantiza el secretismo del voto. La mesa anula el voto cuando se toma una foto o se muestre el voto”, dijo Olivo.
Además destacó como “histórico” este convenio y manifestó conocer de instituciones que han negado permisos para asistir a capacitaciones
El Ministerio de trabajo verificará desde hoy hasta el 22 de marzo el respeto los derechos políticos ciudadanos de los trabajadores, y además ha habilitado el call center 130 para que la ciudadanía haga las denuncias sobre la vulneración a sus derechos políticos.
