Se tardaron casi un año y entraron en desacato al no cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero al fin, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitió un dictamen favorable sobre el proyecto de ley de desplazamiento forzado por la violencia, y que será conocido este jueves en el pleno para su aprobación.
Los parlamentarios avalaron por unanimidad, 35 artículos desarrollados en siete capítulos y una de sus novedades es la declaratoria “de orden público”, es decir que quienes sean víctimas de este fenómeno, antes de que entre en vigencia la normativa, también serán acogidas por la ley, sus beneficios serán retroactivos.
Una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional el 24 de agosto de 2015, concluyó que son grupos terroristas las pandillas o cualquier otra organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población. "En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas", estableció el fallo de la Sala.
El Estado debe enfrentar el fenómeno del desplazamiento forzado mediante estrategias de seguridad pública, investigación y juzgamiento de los hechos, la creación y establecimiento de alertas tempranas, protección humanitaria, promoción de la convivencia pacífica y fortalecimiento de las condiciones de arraigo.
Un estudio de la Mesa contra el Desplazamiento Forzado por Violencia (MCDF), reveló que entre 2017-2018, al menos 235 mil personas tuvieron que dejar todo y buscar lugares más seguros para evitar ser víctimas de los grupos criminales.
De acuerdo al presidente de esa mesa legislativa, diputado Mario Tenorio de (GANA), la institución rectora “de la aplicación y cumplimiento de la ley será el ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, la cual tendrá la potestad de definir los recursos para la atención de las personas desplazadas; en ese sentido, planteó: “Retomamos la propuesta de financiamiento que el Ejecutivo hacía en su proyecto para que se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y garantizar de esa forma la existencia de fondos”.
La aplicación de la ley deberá garantizar la no discriminación por raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad u opinión política, confidencialidad, inmediata atención, gratuidad y protección de la propiedad y posesiones; principios que según el legislador René Portillo Cuadra de (ARENA) el Estado deberá garantizar a las personas desplazadas su vida, seguridad, casa y pertenencias.
La propuesta del Ejecutivo sobre el financiamiento para atender a las víctimas, señala que el Ministerio de Hacienda deberá incorporar en el Presupuesto General las partidas presupuestarias, de acuerdo a los mecanismos legales establecidos para la ejecución de la ley.
El Ministerio de Justicia y Seguridad incorporará en su presupuesto anual, los recursos financieros para el sostenimiento de las Oficinas Departamentales de Atención y los albergues temporales de protección.
La ley contempla además que la persona, grupos familiares o afectados por desplazamiento forzado podrán recibir ayuda humanitaria, asistencia legal, psicosocial y seguridad social con igualdad; sobre esa base, la diputada Cristina Cornejo del (FMLN) aseguró: “Le hemos dedicado tiempo al estudio y estamos dando una ley importante al país en esta legislatura y en esta primera reunión de esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es un tema que ha sido invisibilizado totalmente hasta el día de ahora”.
La nueva herramienta jurídica prevé la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (SINAPI), el cual estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como ente rector, además de los ministerios de salud, trabajo, educación, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR), con el propósito de garantizar la protección con calidez, en forma inmediata, oportuna y con respeto a la dignidad de las personas desplazadas.
El Ministerio de Justicia, realizará auditorías anuales para garantizar el uso eficiente de los recursos asignados para la aplicación de la ley, por medio de la Unidad de Auditoría Interna.
El diputado Tenorio aclaró que dado de que el Presupuesto para el presente ejercicio fiscal ya fue aprobado, se deberá aprobar un refuerzo presupuestario de tal forma que se cuenten con los recursos para atender a las víctimas.
En octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional, admitió un amparo presentado por una familia que había sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. Cabe resaltar el reconocimiento que hizo la Sala del desplazamiento forzado en el país, con lo que sentó jurisprudencia en futuros procesos.
La Asamblea Legislativa tenía que haber aprobado esta normativa a más tardar el 13 de enero de 2019 por mandato constitucional; sin embargo, la Comisión de Legislación se la jugó y decidió no pedir prórroga. En julio del mismo año comenzaron con el debate de la propuesta de ley que culminó este lunes.
