Desde Ginebra, Juan Gasparini.
El empresario ruso Vladimir Kokorev y su esposa, Yulia Maleeva, habrían «inflado» los precios del material de guerra vendido a Guinea Ecuatorial. El dinero desviado aterrizó en los bancos suizos Credit Suisse, LGT y HSBC, en total 35 millones de francos suizos, congelados por la justicia helvética, reveló «Gotham City», portal especializado en casos de corrupción, domiciliado en Lausana. (1)
Propietario de múltiples bienes inmobiliarios en Las Palmas, Las Rozas y Villaviciosa de Odón, cerca de Madrid, el matrimonio ruso había sido denunciado en 2018 por la Asociación para los Derechos Humanos en España (APDHE, «bajo sospecha de haber ayudado a desviar fondos públicos de Guinea Ecuatorial, con la ayuda de la familia Obiang en el poder desde 1979», escándalo que terminó mereciendo una condena de la Justicia española. (2)
La sentencia destapa que «entre 1999 y 2012, el matrimonio Kokorev se enriqueció vendiendo navíos, helicópteros y servicios técnicos a la República de Guinea Ecuatorial, bajo la presidencia de Teodoro Nguema Obiang, concretamente vía las sociedades Kalunga Company SA, International Shopping Advisors SA, domiciliadas en Panamá, y controladas por la familia rusa». (3)
«En total, más de 58 millones de euros, no declarados en España, fueron desviados. La mayoría de los fondos se transfirieron desde la banca RIGGS, en los Estados Unidos. Un informe del Senado Estadounidense sobre este establecimiento bancario produjo las primeras sospechas sobre los Kokorev … Los acusados efectuaron numerosas acciones siguiendo una estrategia criminal buscando borrar las huellas de los beneficios. La esposa Kokorev es acusada como verdadera cómplice de blanqueo, al igual que el fiscalista del matrimonio, Juan Arencibia, titulares de cuentas en Suiza y creadores de las sociedades inmobiliarias españolas «Phase Invest» y «Blue Profile», cuyos administradores eran sus propias hermanas». (4)
«A partir de 2004, la arquitectura del blanqueo se engrosa: los fondos son transferidos a Codes Holding Ltd (basada en las Islas Virgenes británicas) luego a Tralfadore LP, estructura establecida a nombre de Kokorev y su esposa, disponiendo de mas de 31 millones de francos repartidos en cuentas del Credit Suisse de Ginebra. Inversiones son enseguida realizadas en España vía sociedades pantalla. (5)
«Otro flujo paso por Xing Holding Inc. (aún de Islas Virgenes) estructura a nombre de un fiscalista de la familia, localizado en el HSBC Private Bank de Ginebra, que recibió 4,6 millones de dólares de SJ Marine Company Ltd (Seychelles). Esta suma fue enseguida redirigida hacia Trout Investment Corporation (Panamá), luego inyectada en el negocio inmobiliario español. Una última cuenta se abrió en el LGT Bank». (6)
«Contrariamente a lo que escribió el procurador anticorrupción Javier Rodenas en su acta de acusación, evocada por la prensa, el juicio final no evoca la venta de armas ni el vínculo con una organización criminal transnacional», precisa la publicación de «Gotham City». Agrega que los 35 millones congelados en Suiza servirán para pagar las multas de los acusados: 20 millones por Kokorev, 15 millones por su esposa. El matrimonio ha sido además condenado a la cárcel, pero como ya purgaron una pena de prisión preventiva, no retornaran detrás de las rejas». (7)
El ya citado fiscalista «Juan Arencibia y sus hermanas han reconocido sus culpabilidades. Él ha sido condenado a 500.000 euros de multa y un año de detención, ella a pagar 10.000 euros de multa cada una. El abogado de la fíliale de Ernest & Young de las Islas Canarias había sido condenado a 4 años de prisión en 2018, a continuación del «caso HSBC», uno de los bancos suizos involucrados en este asunto. (8)
El abogado suizo de la familia Kokorev, Jean-François Ducrest, contactado por «Gotham City», transmitió sus precisiones por escrito. Dijo que sus clientes «aceptaron las proposiciones del ministerio público y purgaran penas equivalentes al tiempo ya pasado en detención provisoria». Agregó que «el tribunal no constató ninguna irregularidad en las actividades profesionales de Vladimir Kokorev. Ellos han solamente reconocido no haber declarado salarios legales a las autoridades fiscales españolas, y utilizar esos fondos no declarados para comprar bienes inmobiliarios y efectuar depósitos bancarios -hechos finalmente calificados de blanqueo de dinero ligados a una infracción fiscal». (9)
Tildó a las acusaciones españolas contra sus clientes de «cambiantes e infundadas. El acta de acusación final confirma que no hubo desvío de fondos públicos, ni role de prestanombres por cualquier responsable publico en Guinea Ecuatorial (o en otro lugar), ni trafico de armas, ni otra infracción penal. Vladimir y Yulia siempre clamaron su inocencia, y la decisión del tribunal confirma que solo la cuestión de las ganancias no declaradas subsiste». (10)
Añadió que «la investigación judicial precedente suscitó vivas criticas de la parte de miembros del Parlamento Europeo, así como en instancias tales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (a*), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), donde intervinientes pidieron cuentas a España por graves violaciones de los derechos humanos. Ellas comprenderían una detención provisoria prolongada bajo el régimen de «secreto del sumario», una separación familiar injustificada bajo el régimen FIES V (reservado a sospechosos de terrorismo), y de casos reconocidos de falsificación de pruebas por las autoridades policiales».(11)
«Igualmente fue oficialmente confirmado que Igor y Vladimir, sus hijos, no tenían ningún vínculo con estos eventos. En 2021, Igor presentó una querella contra España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, (b*) denunciando una detención arbitraria, la ausencia de control efectivo de su detención, y la duración excesiva del procedimiento, querella que está en espera de una decisión final». (12)
(1) «Gotham City», número 392, del 4 de junio de 2025.
(2,3,4,5,6,7,8), Audiencia Provincial de Las Palmas, Juicio del 19 de mayo de 2025.
(9,10,11,12) Declaración escrita del abogado de la defensa del caso, Jean-François Ducrest, que figura al final de la nota periodística de «Gotham City»).
(a*) La Comisión de de Derechos Humanos de la ONU existió entre 1946 y 2006, es decir antes de los hechos que conciernen esta nota periodística.
(b*) En el sistema de protección y promoción de los derechos humanos de la ONU, no se presentan querellas. Se presentan ante Comités de expertos independientes competentes casos individuales de presuntas víctimas, que han sufrido violaciones de pactos o convenciones de la ONU, y que perduran una vez agotadas las instancias legales del país concernido. Los expertos mandatados por la ONU para examinarlos deben pronunciarse si hubo o no violación de los pactos o convenciones involucradas en el caso que se examina. Si los expertos reconocen que el Estado implicado violó el instrumento de protección de la víctima, la decisión obliga al Estado involucrado, a anular la condena que haya pronunciado, imponiéndole medidas de reparación.
