El Gobierno salvadoreño y los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa han mantenido cuatro reuniones desde el 15 de febrero en las que han analizado las recomendaciones dadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para paliar la crisis fiscal que el Estado atraviesa desde finales de 2016. De estas mesas de diálogo también han surgido propuestas, que aunque a cuentagotas, no terminan de concretarse como el decreto de austeridad y la creación de una subcomisión legislativa que discuta la reforma de pensiones y el cobro de la evasión y elusión fiscal para aumentar los ingresos a las arcas públicas.
En aquella primera reunión del 15 de febrero, los partidos por unanimidad rechazaron la creación o aumento de impuestos. El FMI propuso elevar el IVA del 13 % al 15 %, algo que no está en la agenda gubernamental ni partidaria.
En esa reunión el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, afirmó que el Gobierno analizaba recortar el subsidio al gas, al agua y a la energía eléctrica de ciertos sectores sociales que tiene capacidad de pagar el costo real de dichos servicios.
“La gente que tiene más altos ingresos creemos que no deben tener subsidio”, indicó Lorenzana en referencia a quienes tienen casas en la playa o viviendas caras en zonas exclusivas.
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Para el 22 de febrero, durante la segunda reunión, el Gobierno anunció a los partidos que presentaría un plan de austeridad de las finanzas públicas que buscaría reducir gastos de hasta un 17 % en bienes y servicios, reducción en remuneraciones, compra de vehículos y adquisición de seguros médicos, entre otros puntos.
En la tercera reunión el pasado 1 de marzo, el Gobierno hacía pública la forma en la que su plan de austeridad lograría hacer llegar más recursos al Estado. El plan contemplaba recortar gastos en bienes y servicios por un monto de US$126 millones de dólares. Además congelaría plazas existentes y vacantes, compra de vehículos, telefonía y combustible.
También buscaría suspender los contratos de seguros médicos privados a partir del próximo año y la prohibición de que ningún funcionario podrá tener un salario mayor que el del presidente de la República.
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Sin embargo, Rodolfo Parker, diputado y secretario general del PDC, explicó que el gobierno aún no presenta el decreto de austeridad a la Asamblea porque debe analizar dos planteamientos antes de ejecutarlo.
“El primero del lado del gobierno es que esto quede circunscrito en el ámbito de los decretos administrativos, y el segundo de parte de los partidos, que quede vinculado a la Ley General de Presupuesto. Eso está en proceso todavía de definición. Dependerá el tiempo de las consultas que el gobierno haga con sus abogados y técnicos”, dijo Parker.
En cuanto a la cuarta reunión realizada el 8 de marzo, partidos y Gobierno propusieron por unanimidad crear una subcomisión adscrita a la Comisión de Hacienda para discutir la propuesta ciudadana de reformas de pensiones y las formas de combatir la elusión y evasión fiscal. Asimismo el Gobierno reiteró que continuará con la propuesta del decreto de austeridad e instó a los otros dos Órganos de Estado a sumarse al ahorro.
Los diputados han expresado su buena voluntad de sumarse al ahorro que impulsa el Ejecutivo. Dicen que como Órgano Legislativo, el ahorro puede ser de un promedio de $7 millones de dólares.
“Del presupuesto de la Asamblea se pueden reducir mínimo $7 millones de dólares. Si tomas lo del seguro privado que son arriba de $4 millones de dólares y sumas lo relativo a viajes, pasajes y viáticos, más combustible, puede reducir siete millones”, dijo Parker.
Tras cuatro reuniones, el Gobierno no titubeó al hablar de recortes del subsidio a los mencionados servicios brindados a la población, sin embargo hasta el momento, aún no detalla los recortes presupuestarios de las distintas carteras de Estado, así como los recortes al gasto de bienes y servicios que consume, y el recorte salarial a los funcionarios que ganan más que el mismo presidente.
En la segunda entrega, se expondrán los acuerdos concernientes a la creación de una subcomisión que discuta los cobros a los evasores fiscales y la propuesta ciudadana a la reforma de pensiones, y cómo estos mecanismos afectarán a la población en general.
