Por más de 12 años pobladoras de siete comunidades del municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, libran una batalla contra el alcalde Joel Ramírez que pretende apropiarse del proyecto de sistema de abastecimiento de agua potable denominado “Bendición de Dios”, proyecto que los mismos pobladores construyeron, faena que llaman “Los 96 días sagrados”, comenta David Aguirre, defensor del agua.
“Porque caminos 18 km de los cantones hasta las fuentes de agua, la gente dejó sus cultivos en el monte por estar trabajando en el proyecto de agua, así se trabajaron 96 sagrados días consecutivos”, explicó Aguirre.
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En medio de esta disputa por el agua se encuentran, como siempre, al frente de la lucha las mujeres de las 7 comunidades de Tacuba que tuvieron que asumir el doble rol en sus hogares ante la ausencia de los hombres que se fueron a trabajar a las montañas para instalar las tuberías que les proveerían de agua, cuenta Delmy Díaz, defensora del agua.
“Hemos sufrido tanto por el sistema de agua cuando fue construido por las siete comunidades, cuando el proyecto se fundó mis hijos sufrieron. Cuando mis hijos iban a estudiar solo partían con $0.25 para desayunar y almorzar, porque mi esposo estaba haciendo los 96 días de tarea del agua. Nosotros conseguíamos la comida fiada en la tienda. Llegué a endeudarme con 500 colones (en esa época), con la esperanza de ganar ese dinero en la próxima temporada llamada “˜casa roja”™ (recolección de café). Con eso trabajo logré pagar la deuda y con lo que me sobró compré un poco de maíz y frijol, para que mis hijos comieran”, manifestó doña Delmy.
Las mujeres tuvieron que ingéniaselas para proveer de alimentos a sus familias y generar ingresos para lograr subsistir en los hogares y soportar la carga que eso representaba, relata Frisbina de Zúniga, defensora del agua.
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“Cuando inició el proyecto, yo tenía a mis hijos chiquitos y sufrí bastante porque a los hombres no les quedaba tiempo para trabajar, nos quedamos sin ninguna pena hasta descalzos, aguantábamos necesidad en la alimentación. Yo sufrí bastante como mujer, como madre, como esposa. Llevamos todo el peso del trabajo en casa, con la esperanza que este líquido no iba a faltar, pero ahora está complicada la situación”, expresó Frisbina.
La situación se complicó cuando comenzaron las arbitrariedades cometidas por el alcalde Ramírez al imponer una junta directiva que no fue elegida por consenso comunitario. Posterior a ello, procedió a intentar criminalizar y enjuiciar a 9 defensores del agua de Tacuba bajo falsas acusaciones, proceso que aún se mantiene en disputa legal.
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Este conflicto social y ambiental por el agua es una grave violación a los derechos humanos contra las siete comunidades de Tacuba, asegura Karen Ramírez, representante de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Pro Vida.
También las organizaciones ambientalistas y sociales exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar un proceso penal contra el alcalde del municipio de Tacuba, Joel Ramírez, por las denuncias presentadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) que lo acusan del presunto delito de gestión fraudulenta del sistema de agua. Sin embargo, la fiscalía aún tiene pendiente una resolución al respecto.
Además, las organizaciones por el derecho humano al agua también exigieron el cese de represión contra las defensoras de la gestión comunitaria del vital líquido.
