Por Alonso Rosales
La captura de Nicolás Maduro marcó un punto de quiebre histórico en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, pero no necesariamente el inicio inmediato de una transición democrática. Por el contrario, la administración del presidente Donald Trump se mueve con rapidez para consolidar un esquema de control político, económico y militar que garantice estabilidad operativa, acceso irrestricto a los recursos energéticos venezolanos y la neutralización de amenazas regionales, aun si ello implica postergar indefinidamente un proceso electoral.
Según altos funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca trabaja activamente en la conformación de un gobierno interino funcional y afín a Washington, cuyo objetivo central sería administrar el país tras la salida de Maduro. En este esquema, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha emergido como la figura clave: no como una líder legítima a largo plazo, sino como una gestora transitoria del poder, capaz de mantener el aparato estatal en funcionamiento mientras Estados Unidos define el rumbo del país.
Un protectorado de facto
Cuando Trump afirmó públicamente que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela, muchos interpretaron la declaración como retórica provocadora. Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a perfilarse una imagen más concreta: un protectorado temporal, sostenido por la presión militar estadounidense y el control económico del petróleo.
La administración Trump considera que Venezuela, con una población de 31 millones de personas y vastas reservas energéticas, no puede permitirse un vacío de poder. Por ello, la prioridad no es la democracia inmediata, sino la continuidad administrativa, la seguridad interna y, sobre todo, la rehabilitación de la infraestructura petrolera, severamente deteriorada tras años de sanciones, corrupción y abandono.
Altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el asesor Stephen Miller y el secretario de Defensa Pete Hegseth, han diseñado un marco de gobernanza en el que Estados Unidos ejerce influencia directa desde fuera del territorio, apoyándose en una presencia naval y militar permanente en el Caribe, capaz de imponer condiciones a las autoridades en Caracas.
Petróleo a cambio de supervivencia política
El interés central de Trump es claro: acceso total al petróleo venezolano. La Casa Blanca ve en las reservas del país una pieza estratégica para la seguridad energética estadounidense y para reposicionar a empresas norteamericanas en el mercado global.
Para ello, el secretario del Interior Doug Burgum y el secretario de Energía Chris Wright recibieron el encargo de facilitar el regreso de compañías energéticas estadounidenses a Venezuela. La condición es explícita: protección militar de los activos, garantías contractuales y obediencia política del liderazgo venezolano.
Trump no ha ocultado que, de ser necesario, desplegará tropas estadounidenses para asegurar campos petroleros, refinerías y rutas de exportación, aun cuando esto implique riesgos directos para soldados norteamericanos. En palabras del propio presidente, el petróleo venezolano “debe volver a producirse para el mundo correcto”.
Delcy Rodríguez: poder condicionado
Detrás de escena, Washington ha concentrado su presión sobre Delcy Rodríguez. Para los estrategas de Trump, ella representa una figura pragmática, más predecible que Maduro y potencialmente dispuesta a negociar su permanencia a cambio de protección.
El mensaje de la Casa Blanca ha sido inequívoco. Trump lanzó una advertencia directa: si Rodríguez no “hace lo correcto”, enfrentará consecuencias incluso más severas que las impuestas a Maduro. No obstante, funcionarios estadounidenses aseguran que sus declaraciones públicas de rechazo están dirigidas a consumo interno y que lo verdaderamente importante será su comportamiento operativo en los próximos días.
La ecuación es simple: Rodríguez puede mantenerse en el poder mientras cumpla las exigencias de Washington. Entre ellas, el cese del narcotráfico, la expulsión de actores extranjeros considerados hostiles —cubanos, iraníes y grupos radicales— y la cooperación total en materia de seguridad y energía.
La oposición democrática, relegada
En este nuevo orden, la líder opositora María Corina Machado ha quedado al margen. A pesar de haber sido reconocida internacionalmente y de recibir el Premio Nobel de la Paz, la administración Trump la considera una figura políticamente riesgosa, sin control sobre las estructuras reales del poder.
Trump llegó incluso a cuestionar públicamente su “respeto” y su capacidad de liderazgo. Para la Casa Blanca, la prioridad no es una transición democrática ejemplar, sino un acuerdo funcional con quien controle el Estado, aunque provenga del chavismo.
Advertencia regional: Colombia en la mira
La estrategia estadounidense no se limita a Venezuela. En declaraciones recientes, Trump dejó entrever que no descarta una acción militar similar en Colombia si considera que el país se convierte en un foco de inestabilidad, narcotráfico o amenaza regional.
El mensaje es contundente: la administración Trump está dispuesta a redibujar el mapa de influencia en América Latina mediante el uso directo del poder militar, bajo la justificación de seguridad hemisférica y control de recursos estratégicos.
Reconstrucción bajo tutela
Washington presenta su plan como una oportunidad de reconstrucción nacional. Infraestructura, energía, orden público y reapertura económica forman parte del discurso oficial. Sin embargo, el modelo propuesto implica una soberanía severamente limitada, con decisiones clave tomadas fuera de Caracas.
La democracia, aunque mencionada como un objetivo futuro, ha sido relegada a una segunda fase indefinida. Como admitió Marco Rubio, discutir elecciones ahora sería “prematuro”.
Venezuela entra así en una nueva etapa: no como un Estado fallido, sino como un país administrado desde el exterior, donde el poder real no se mide en votos, sino en petróleo, barcos de guerra y acuerdos de conveniencia.
FUENTES CNN , FRANCE 24
