El exfiscal, Julio Arriaza, recibirá la libertad condicional luego que el Juzgado 4 ° de Instrucción de San Salvador, considerada que el imputado ha cumplido con el periodo legal de la detención provisional y aun no recibe una condena en firme por el caso “Corruptela”.
Arriaza lleva dos años de estar privado de libertad, por tal razón se someterá a medidas sustitutivas, la colocación de brazalete electrónico y no podrá cambiar de domicilio ni salir del país.
El exfiscal es acusado de falsedad documental agravada, privación de libertad por funcionario público y omisión de investigación.
En audiencia especial, el Centro de Monitoreo de la Dirección de Centros Penales vio a bien la factibilidad de colocarle el brazalete a Arriaza, no así para el exfiscal Luis Martínez, que también cumplió dos años de detención en esta causa, y deberá seguir en prisión, ambos, fueron parte de una red de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República entre 2012 y 2014.
El exdirector de la Defensa de la Sociedad de la FGR, fue arrestado el 16 de octubre de 2018 acusado de pertenecer a una red de corrupción dentro la Fiscalía que recibía dádivas económicas y materiales del ex presidente Mauricio Funes a cambio de omitir investigaciones.
Cuatro días después, el 20 de octubre, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó prisión para Arriaza al considerar que existían "altas posibilidades de fuga", pero de eso ya pasaron dos años sin que el Ministerio Fiscal concluya las investigaciones.
El pasado 8 de octubre, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador realizó la audiencia especial de la revisión de la medida cautelar y se dictaminó que Arriaza podrá salir de prisión y seguir el proceso en su contra con un brazalete electrónico que permitirá tener control sobre su ubicación.
"El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que nadie puede ser detenido provisionalmente por más de dos años (en el caso de delitos graves). Él ya cumplió el plazo establecido y el juez debe dejarlo en libertad", explicó Javier Cañadas, uno de los abogados de Arriaza durante la audiencia de revisión de medidas.
Arriaza fue Director de Intereses del Estado durante la administración de Luis Martínez como Fiscal General de la República y desde su cargo habría falsificado pruebas para desvirtuar casos de corrupción como El Chaparral y la tregua entre pandillas, todos en el período presidencial de Mauricio Funes.
Los fiscales del caso Corruptela habían solicitado que Arriaza pagara una caución económica de $100,000, pero la defensa argumento que no tenía esa cantidad.
