El director de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández, dijo que alrededor de 528 privados de libertad con enfermedades terminales y de avanzada edad serán liberados de diferentes penales y 103 en fase de confianza pasarán a semilibertad.
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Recientemente, el presidente Salvador Sánchez Cerén, en el marco de la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, expresó que el Gobierno liberará a los reos como respuesta al llamado del Papa Francisco de promover la humanización carcelaria como “un acto de clemencia”.
Ante esto, el director de Penales, aunque no especificó fecha para tal acción, manifestó que a través de un censo la DGCP ha contabilizado a los enfermos terminales y ancianos que se beneficiarán con la medida, lo cual, también “descongestionará el hacinamiento carcelario”.
Asimismo, Hernández dijo que el Gobierno estudia una propuesta para reformar la Ley Penitenciaria a fin de que dicha petición sea una norma establecida.
“Esta reforma va a permitir la salida de muchos adultos mayores de las cárceles. (“¦) Centros Penales está obligado en garantizar la seguridad física de internos, porque la ley así lo establece”, acotó el director.
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La medida será aplicable para todos aquellos presos que no cometieron delitos graves y que tengan la intención de reinsertarse a la sociedad, además deberán haber cumplido con la mitad de la pena impuesta.
La grave situación penitenciaria
Las cárceles en el país se encuentran en una situación grave de sobrepoblación penitenciaria, estas tienen capacidad para albergar a 8.100 personas, sin embargo, en las 20 cárceles hay un total de 36.824 privados de libertad, más del 360 por ciento de hacinamiento, según el dato más reciente de la DGCP.
La mayoría de reos son hombres entre los 26 y 35 años de edad, el 30.59 de la población total está condenada por el delito de homicidio; el 16.95% por extorsión, entre otras infracciones.
El pasado 3 de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia en la que declaró que el problema de sobrepoblación que afecta los centros penitenciarios del país es inconstitucional debido a que “quebranta derechos a la integridad personal y salud de los privados de libertad”.
Según la sentencia, se determina que ante la sobrepoblación en los penales, los reos están sufriendo enfermedades mentales, hongos en la piel, dolor de espalda porque duermen en el piso, malos tratos, golpes por parte de los agentes, falta de comida y agua.
Entre las acciones que el Gobierno ha ejecutado como estrategia para minimizar el hacinamiento se encuentra la habilitación de más de siete mil espacios en una nueva infraestructura que estarla lista en 2018, el uso de brazaletes electrónicos y uniformar a los reos, manifestó Hernández.
