Contrario a la versión de las autoridades de Seguridad que los asesinatos ocurridos en la Finca San Blas en La Libertad y en el cantón Pajales en Panchimalco en 2015 fueron en enfrentamientos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reveló que en los operativos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) en esos casos, hubo ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de armas de fuego.
Según la PDDH, ambas investigaciones iniciaron a raíz de reportajes del periódico digital El Faro y del rotativo La Prensa Gráfica, las cuales evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley en dichos operativos.
“Durante el procedimiento policial ha elementos serios y objetivos de información que apuntan a la realización de ejecuciones extralegales. El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, dijo el procurador de derechos humanos, David Morales.
En el caso de la masacre ocurrida en Finca San Blas, murieron ocho personas durante un operativo policial llevado a cabo en la medianoche del 26 de marzo de 2015 en la Finca San Blas del cantón El Matazano II, municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad.
La PDDH estableció que existen elementos suficientes de investigación para establecer la responsabilidad de efectivos policiales por la ejecución extralegal en perjuicio de dos de las personas fallecidas: Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero. Además, también existen elementos suficientes para establecer la presunción respecto a que se haya producido ejecuciones extrajudiciales de seis personas más que fallecieron durante el operativo.
La evidencia forense reveló que cuatro de los cuerpos fueron movidos de posición para alterar la escena. Uno de los fallecidos presentó edema cerebral, pese a sufrir lesiones en órganos vitales que hubieran provocado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido. Las lesiones de Dennis Hernández y Sonia Guerrero, son características de ejecuciones extralegales.
En el caso de la masacre de cinco personas en cantón Pajales en Panchimalco, la investigación de la PDDH revela que tres de los fallecidos presentaban edema cerebral, a pesar de recibir múltiples disparos en órganos vitales que hubieran generado muerte súbita, lo que hace presumir nuevos disparos cuando ya estaban heridos. Existe información testimonial que refiere que se realizaron las ejecuciones, pero ha sido ignorada por las autoridades policiales. La FAES se negó a proporcionar la información requerida por la Procuraduría de Derechos Humanos al respecto.
Además se ha establecido que en este caso se puso en grave riesgo la vida e integridad física de un niño y una niña que se encontraban junto a sus madres en el interior del cuarto donde se localizaron los cuerpos de los cinco jóvenes fallecidos.
Por ambos casos la PDDH recomendó a las autoridades de Seguridad que realicen las investigaciones respectivas según sus competencias con el fin de esclarecer la verdad sobre los hechos. Igualmente ha solicitado investigar las amenazas, desapariciones y homicidios contra testigos de los hechos y familiares de las personas fallecidas, y que se les brinde protección contra cualquier atentado o situación que pueda poner en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal.
