El Salvador y Guatemala vivieron bajo regímenes autoritarios durante la mayor parte del último siglo, y a pesar de la firma de acuerdos de paz en ambos países, podría considerarse que las nuevas presidencias: Nayib Bukele, desde junio de 2019, y Alejandro Giammattei desde enero de 2020, muestran elementos de continuidad con regímenes anteriores. Al enfrentar la pandemia de COVID-19, ambos mandatarios han sido señalados por acciones que han resultado en violaciones a los derechos humanos de la población.
Desde marzo, los dos gobiernos se han concentrado en atender la emergencia sanitaria. Tanto en El Salvador como en Guatemala, se han usado figuras de Estado de Emergencia, las cuales restringen derechos constitucionales como los de libre locomoción, de reunión, y de ingreso al país; también se han aplicado otras medidas como disminuir los controles en los procesos de compra. Si bien es cierto, estas medidas están en consonancia con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y no difieren de las tomadas en la mayoría de los países, existen graves preocupaciones acerca de la manera en que se han venido implementando. Las falencias incluyen la falta de transparencia y posibles casos de corrupción en el manejo de la pandemia, la negligencia en la respuesta de los sistemas de salud y el trato diferenciado a la ciudadanía, tanto en la aplicación de las medidas de prevención como en la atención a las personas contagiadas.
Durante su tiempo en el poder Bukele y Giammattei han provocado preocupación al menospreciar resoluciones de Cortes superiores -poniendo en peligro el sistema de pesos y contrapesos indispensables en la democracia-. En mayo, el mandatario salvadoreño desconoció el poder de la Corte Suprema de Justicia, al ignorar la resolución de la Sala de lo Constitucional de suspender las detenciones arbitrarias por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar por COVID-19. Y el 8 de junio, ante la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos que establecen estado de emergencia y ordenan una cuarentena obligatoria, Bukele acusó a los magistrados de estar ordenando el “asesinato” de decenas de miles de salvadoreños.
Este gobierno ignoró los procedimientos constitucionales y se tomó atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa, como la declaratoria del Estado de Emergencia; además ha rehusado la coordinación con el gremio médico, la cooperación internacional, y el sector económico para responder a la pandemia de manera técnica y profesional. Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportó, solamente entre marzo y abril, 928 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos principalmenteviolaciones al derecho a la salud, la libertad personal y el acceso a la información; este seguimiento lo realiza la PDDH en cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo organizaciones de sociedad civil, como CRISTOSAL, han denunciado casos de retención ilegal en centros de cuarentena por más tiempo del establecido en ley sin motivo alguno .; mientras medios de comunicación investigativa como FACTUM y El Faro han evidenciado el registro erróneo de las estadísticas de la pandemia, el mal manejo gubernamental en casos como el contagio masivo en el principal asilo del país y en un centro de resguardo de niñez y adolescencia, , compra ilegal de insumos a funcionarios de gobierno, campañas de desprestigio a periodistas que han expuesto estas realidades, entre otros.
Además, ante la acusación de Human Rights Watch al gobierno salvadoreño por trato inhumano a los reos en las cárceles, Bukele twitteó que se trataba de una “ONG de fachada, financiada por poderes oscuros, que quieren ver a Latinoamérica sumida en el caos”. En cuanto a los costos para responder a esta pandemia, la Asamblea salvadoreña aprobó al poder ejecutivo préstamos por 3,000 millones de dólares, creando una Comisión Contralora que se disolvió después de pocas reuniones porque los representantes de la sociedad civil renunciaron ante la falta de transparencia gubernamental. Esta inversión no ha tomado en cuenta áreas fundamentales de la salud pública, como son la salud mental y la atención integral a la violencia intrafamiliar, la cual, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), ha incrementado en más del 60% durante la cuarentena. Una realidad que fue desconocida públicamente por Bukele, cuando proclamó en cadena nacional que “las mujeres están 61% más seguras en este gobierno” (4 de junio de 2020).
Situación en Guatemala
En Guatemala, el toque de queda implementado desde el 22 de marzo ha conducido a más de 24,839 detenciones. Aunque pareciera que la gran mayoría de personas detenidas han podido pagar multa para evitar prisión preventiva, definitivamente la carga económica de ésta es mucho mayor para personas viviendo en pobreza o que dependen de la economía informal. Dado que estas personas tienen ingresos de día a día, también se podría pensar que son más propensas a tener que salir de la casa, incluso habiendo toque de queda. Además, provocó mucha indignación que el mismo día que la Policía Nacional Civil reportó esta estadística (el 12 de junio), en redes sociales circulaban imágenes de un grupo de jóvenes de familias de clase media-alta en una fiesta en la noche en una tienda de muebles, y que no se reportó ninguna captura como consecuencia.
En este sentido, es un hecho que las medidas tomadas en ambos países están afectando desproporcionalmente a la población más vulnerable. Por ejemplo, cuando el 14 de mayo en Guatemala se prohibió la circulación de vehículos durante 72 horas, la página del Consejo de Pueblos Mayas-CPO denunció la presencia militar en las comunidades y afectación al transporte de productos de pequeños agricultores, mientras que los camiones de las grandes empresas seguían circulando. Además, mientras que muchos pequeños negocios han tenido que cerrar por las medidas de contención de la pandemia, el 23 de mayo se reportaron 201 casos de contagio de COVID-19 de trabajadoras/es de KP Textiles, empresa guatemalteca que opera desde San Miguel Petapa. En junio también se detectaron 29 casos en una de las maquilas más grandes que mantuvo sus operaciones, Texpia con 3,442 empleados, también en San Miguel Petapa. La Procuraduría de Derechos Humanos reconoció que la empresa no había seguido las medidas de distanciamiento social.
Esto muestra las inconsistencias en el abordaje del Estado, lo cual resalta las desigualdades que existen en la sociedad guatemalteca. También se resaltan las desigualdades en las relaciones entre países, dado que mientras que en Guatemala se habían cerrado las fronteras, migrantes a Estados Unidos seguían siendo deportados, a veces con consecuencias dramáticas: según una fuente, más de 100 personas habían llegado deportadas a Guatemala ya contagiadas con COVID-19.
En cuanto al impacto económico, a nivel regional, un informe de CEPAL señala el posible aumento de treinta millones de personas que caen en la pobreza en América Latina y el Caribe. El impacto económico es más fuerte para el sector informal, que en Guatemala comprende hasta un 70% de la economía y que no cuenta ni con prestaciones ni con protección social. En algunos departamentos del país, casi el 90% de la población vive en pobreza. Al mismo tiempo, el BID calcula que al final de 2020 la pobreza afectará al 40% de los salvadoreños, debido a la pérdida de miles de empleos y las consecuencias sostenidas sobre el sector informal.
También han surgido en este período en Guatemala reportes de agresiones en contra de diversos grupos, como defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y periodistas. El 13 de abril la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) publicó en Facebook una denuncia de maltrato hacia periodistas y la gestión opaca de la crisis. También en medio de la crisis sanitaria, ha habido ataques políticos en el Congreso en contra de varios jueces, incluyendo solicitudes de antejuicio. Aunque estos ataques pueden ser parte de una política de represión más generalizada, y no necesariamente relacionados a la crisis de COVID-19, el uso de medidas de emergencia podría estar sirviendo para distraer al público de estas medidas para restringir la libertad de expresión y la independencia judicial.
Sin duda, la pandemia requiere mayor -y no menor- transparencia, debido a la movilización de millonarios recursos. En Guatemala, en el ajuste del presupuesto presentado en marzo de 2020, el gobierno proponía un aumento de 90 millones de quetzales para el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), creando un nuevo rubro presupuestario de “atención a desastres y calamidades públicas” al que se le asignaron 500 millones de quetzales. Es esencial que haya rendición de cuentas por estos fondos, especialmente considerando que han salido de disminuciones de otros rubros en el presupuesto del MSPAS. A pesar de esta inversión, pacientes denuncian un servicio con graves deficiencias, incluyendo la negación de información sobre resultados de sus pruebas, que les mantienen internados sin síntomas y exponiéndose al contagio sin tratamiento, e incluso en un caso una demora severa del traslado de una persona fallecida. Hasta finales de mayo, se reportaba una ejecución de solo el 2% del presupuesto designado a MSPAS para enfrentar la crisis de COVID-19.
A manera de conclusión, indudablemente la crisis de COVID-19 requiere medidas drásticas para contener la propagación del virus. Ningún país del mundo ha estado adecuadamente preparado para esta pandemia, pero en Centro América las desigualdades, la corrupción y el abuso de poder ya existentes se han agudizado durante la crisis. Una adecuada estrategia debe incluir atención a los impactos sociales y económicos, además de la respuesta sanitaria, con la asesoría de expertos técnicos en la materia y alejados de intereses políticos particulares, y con un enfoque que garantiza los derechos de la población en su totalidad, especialmente la población en condición de vulnerabilidad. En ninguna circunstancia, la pandemia debe ser excusa para limitar la transparencia, violar derechos humanos, o discriminar en contra de sectores de la población.
(*) Este artículo lo escribieron Tania Grande, en conjunto con Nathalie Mercier
