Los fallos de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Así lo expresó el magistrado de la Sala, Rodolfo González, en una entrevista transmitida por El Noticiero de canal seis, en la que expresa que en lo que resta de su administración, la Sala dictará las medidas que sean necesarias para que los funcionarios cumplan y no desacaten sus decisiones.
La resolución más reciente y una de las más polémicas, ha sido la de la apertura de los carriles del SITRAMSS. Al respecto, funcionarios del Órgano Ejecutivo y Legislativo, así como miembros de la sociedad civil, han llamado a desacatar dicha orden de la Sala, por considerarla arbitraria, injusta y sin marco jurídico. No obstante, dichos llamados al desacato no preocupan a la Sala.
“Para tranquilidad de la ciudadanía, que a pesar de llamados de desacato de funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo para hacer cumplir sus fallos, la Sala tiene las suficientes herramientas legales para hacer cumplir sus fallos; que nuestros fallos sean cumplidos no depende de si los funcionarios quieren o no quieren”, dijo González en la referida entrevista.
El exdiputado y exmiembro del partido ARENA, Walter Araujo, dijo a ContraPunto que la Sala orilla al país a desobedecer sus sentencias a las que calificó de medida sistematizada en contra de los oponentes de ARENA.
“La Sala está construyendo la única salida a sus actitudes irracionales que serán medidas radicales como el desacato. Llegará al punto en que un sector de la vida nacional los va desacatar. Ese es el camino al que llevan al país”, dijo Araujo a ContraPunto.
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El diputado del FMLN, Blandino Nerio, también ha rechazado la decisión de la Sala y de sus magistrados a quienes tildó de “títeres” en una de sus alocuciones a las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acompañando el reclamo de organizaciones en contra del fallo del SITRAMSS.
Otro que se refirió al desacato fue el viceministro de Transporte, Nelson García, quien sugirió a la población no acatar la resolución.
“Los ciudadanos afectados tienen el derecho de manifestarse y no acatar esa resolución que afecta sus propios intereses”, dijo García, quien además lamentó la decisión y no descartó que pudiese tener un trasfondo de tipo político.
Más recientemente, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se conforme una subcomisión especial que evalúe el actuar de los cuatro magistrados de la Sala para que se proceda a su destitución.
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La petición fue respaldada por el FMLN y su diputada, Jackeline Rivera, quien aseguró que si se procede a la destitución de los magistrados “gana el país”, pues cualquier otro abogado podría sustituirlos, dijo.
