La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha colapsado según dijo su director, Carlos Pineda, por el exceso de solicitudes de investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios públicos que ya tienen un plazo de entrega específico. Son 20 casos, pero de estos, tienen prioridad de entrega nueve que han sido solicitadas por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo que ha obligado a paralizar las investigaciones contra los expresidentes salvadoreños Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.
Los expedientes de Cristiani y Sol eran trabajados en diciembre de 2016 “pero luego nos viene la orden de entregar nueve informes a través del IAIP y eso nos hace colapsar. Tuvimos que detener el trabajo de los expresidentes para darle prioridad a entregar los nueve que nos solicitaron”, dijo Pineda.
Son cuatro ciudadanos los que pidieron las auditorías directamente a la CSJ vía acceso a la información, pero les fueron negadas bajo el argumento de ser inexistentes, por lo que apelaron al IAIP. En primer lugar han solicitado auditorías de: Enrique Molins, Jorge Hernández Issusi, Jaime Rodríguez y Jorge Pérez Quezada, expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). Pérez Quezada aún dirige el INDES.
Asimismo, han solicitado las auditorías de: Nayib Bukele por sus funciones de alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015); José Belarmino Jaime como magistrado presidente de la CSJ (2009-2012); Nelson García tanto como diputado, como viceministro de Transporte.
En la lista también se encuentra Carlos Quintanilla Schmith y Ana Vilma de Escobar por haber sido vicepresidentes en los períodos 1999-2004 y 2004-2009 respectivamente. Además aparecen siete miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), el exjuez del caso Flores, Levis Italmir Orellana, el exsecretario de Asuntos Legislativos de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, el expresidente de la CSJ, José Domingo Méndez (1994-1997) y Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI).
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Probidad y la CSJ han establecido desde mayo de 2016 al menos tres criterios para iniciar una investigación patrimonial de funcionarios y exfuncionarios. El primero, es por el tiempo de prescripción de 10 años del delito de Enriquecimiento ilícito; el segundo es por relevancia del cargo ostentando en el pasado o en el presente y el tercer criterio es por casos graves y notorios de posible enriquecimiento ilícito.
“Además de estos criterios, existen otros que a través de la oficina de Acceso a la Información, se nos solicitan para resultados de las auditorías. Muchos de ellos no encajan dentro de los Criterios de CSJ pero que el IAIP nos obliga a dar esa información en un determinado plazo”, añade Pineda.
Sin embargo, autoridades del IAIP aseguran que no se trata que ellos hayan ordenado o apresurado a Probidad realizar las auditorías solicitadas, sino que fue la misma CSJ quien se comprometió a tener lista esa información en un plazo determinado por ellos.
“Es la sección de Probidad la que debe determinar conforme a sus criterios, qué casos procede realizar una auditoría, manifestó a ContraPunto, Jaime Campos, director del IAIP.
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Campos considera que priorizar los casos de nueve funcionarios, se debe a la aplicación de alguno de los tres criterios de la CSJ a cada caso, aunque es enfático al decir que Probidad no está obligada a realizar cada una de las auditorías solicitadas.
“La sección de Probidad puede rechazar solicitudes que le lleguen pidiendo auditorías, siempre y cuando una vez realizado el examen preliminar no detecte ningún indicio de enriquecimiento ilícito y que no esté dentro los criterios planteados por la CSJ”, acotó.
Según Probidad, de nueve casos, ya fueron entregados dos. En los próximos días se estarían entregando entre dos o tres más para cumplir con cinco, y los otros cuatros continúan en proceso.
