El tema de la transparencia ha tocado puertas a El Salvador desde hace varios años y aunque ha habido avances, aún hay temas que generan polémica. Uno de los más citados es la existencia de “partidas secretas”. Aunque esta figura fue derogada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), funcionarios del Ejecutivo confirman la existencia de “gastos reservados”.
Por muchos años, autoridades del Ejecutivo negaron detalles sobre la partida secreta o gastos reservados; sin embargo, tras dar pasos importantes en la legislación, han comenzado a revelar datos sobre el manejo de estos gastos.
Según la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social (FUNDE), en el Órgano Ejecutivo existen al menos tres partidas de gastos reservados asignadas a: la Presidencia de la República, al Ministerio de la Defensa Nacional, y a la Policía Nacional Civil (PNC).
En contraste, informes de auditorías hechas de la Corte de Cuentas a la Presidencia, entre 2009 y 2016, no incluyen hallazgos ni recomendaciones y tampoco se mencionan aspectos relacionados con el examen de los gastos reservados.
A través de Transparencia Internacional Capítulo El Salvador, FUNDE reveló recientemente que entre los años 2013 a 2015 la Presidencia de la República gastó $177.1 millones de las partidas secretas.
El informe también señala que lo gastado por Casa Presidencial en el mismo período sobrepasa por más de 40 veces lo que gastó la PNC y la Fuerza Armada de El Salvado (FAES) en esos años. Los gastos de la PNC en 2013 fueron de $1.2 millones; y en 2014 y 2015 de $1.3 millones. Mientras tanto, la FAES gastó $900 mil por cada año.
“El problema de los gastos reservados es que en la medida que sean tan secretos y tan discrecionales pueden ser mal utilizados, inclusive, en conspiración contra el mismo Estado”, explicó el investigador Jaime López, en torno al caso.
FUNDE señala que el problema no radica en que exista una partida secreta, sino en que estos fondos sean utilizados según la ley; por ejemplo, en operaciones de seguridad y defensa, recolección y análisis de inteligencia, operaciones encubiertas y protección a testigos en alto riesgo.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, negó hace unos días que exista la partida secreta. “La partida secreta fue derogada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia; ese nombre se usa para criticar al Gobierno de algo que hicieron los gobiernos anteriores”, aseguró en una conferencia, luego de reunirse con representantes de los partidos políticos.
No obstante, el funcionario dijo que si existen “gastos reservados”. En 2010, la Sala de lo Constitucional prohibió que las instituciones transfieran ahorros a una partida de fondos discrecionales en reserva cierta información por razones de defensa nacional o de seguridad pública.
Según una investigación de El Faro, los expresidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Mauricio Funes, Antonio Saca y Salvador Sánchez Cerén acumulan en 23 años casi $1 mil millones de dólares en gastos secretos. Funes fue el que más gastos de este tipo tuvo. Hasta la fecha Presidencia no ha transparentado cómo los usó.
Aunque ante opinión internacional se reconozcan avances positivos, el investigador Jaime López, investigador de FUNDE, ha señalado en conversación con ContraPunto que en la palestra salvadoreña las reglas del juego parecen débiles, provocando una institucionalidad con falta de solidez, factores que podrían propician nidos de corrupción en las diferentes estructuras del estado.
Internacionalmente se reconoce que la existencia de partidas de gastos reservados puede ser una excepción legítima en relación con el principio general de la publicidad de los actos de gobierno y hay circunstancias especiales en que los gobiernos pueden llevar a cabo operaciones secretas para responder ante amenazas o agresiones que puedan poner en riesgo los derechos y libertades de la población, la prevalencia de ley, la independencia de poderes o el funcionamiento de las instituciones.
No obstante, según FUNDE, la legislación y la información en materia de gastos reservados es incompleta y deficiente por lo que ha sugerido nombrar una comisión revisora, integrada por personas con reconocimiento público, con el mandato de documentar e informar sobre el uso que se le ha dado a los gastos reservados de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Policía Nacional Civil.
