Por Carlos Domínguez
Una usuaria planteó una inquietud en su cuenta de Twitter ante el cambio de versión del ministro de salud respecto a la circulación de la variante Ómicron en El Salvador. El funcionario un día dijo que no había certeza de esa posibilidad y otro que circulaba desde fines de diciembre de 2021.
“No les dan ganas de ser los periodistas que están ahí enfrente y preguntar: “por qué se contradice con sus declaraciones de ayer?”
Un periodista le respondió que es imposible, porque no lo permitirían. Además, que tendría que haber seguido al funcionario para hacer la pregunta directa, que quizá no contestaría.
Este escenario ilustra lo que sucede a diario en el reporteo de noticias desde junio de 2019. En esa fuente en particular, periodistas han comentado que la prioridad para hacer preguntas en las conferencias es para los medios oficiales. Los comunicadores institucionales piden a los reporteros que les digan cuál será su pregunta y, el cupo para participar en la conferencia es limitado.
En ocasiones la situación es diferente y la directriz es clara: solo hablará del tema.
Con matices quizá no muy diferentes algo similar ocurre en la mayoría de conferencias oficiales. No es un fenómeno nuevo. La práctica de favorecer a unos medios, marginar a otros y priorizar a los oficiales ocurre desde los gobiernos de la democracia cristiana, ARENA y FMLN; abarca desde 1984 al año 2019.
Tal estado de cosas indica que se ha normalizado durante todo este tiempo imponer controles y mecanismos de orden, desde la perspectiva oficial en turno, pero con el perjuicio de que la información no fluya.
Ha predominado la lógica de que la información es propiedad del funcionario. Este al ponerla en escena y colocar límites, premia o castiga a los medios. No es una práctica acorde al acceso a la información, como lo establecen instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, suscritas por el Estado salvadoreño.
La pandemia de COVID-19 ha sido la excusa para que muchos países intensifiquen el bloqueo al acceso a la información, y anulen en la práctica los beneficios que sus sociedades habían alcanzado mediante la promulgación de leyes en la materia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, dijo en junio de 2020 que “estas leyes pueden ayudar a empoderar a los ciudadanos y hacer que los titulares de deberes rindan cuentas en tiempos de crisis, cuando los sistemas de rendición de cuentas como los tribunales, los parlamentos y los ayuntamientos, funcionan de manera más limitada y, sin embargo, se toman decisiones críticas sobre la salud, la economía y los derechos humanos.”
Tal valoración adquiere actualidad para El Salvador. En la práctica, la Ley de Acceso y su garante, el Instituto de Acceso a la Información Pública, han sido anulados. Toda la información relacionada a la pandemia está bajo reserva.
Un asunto más,planteado en la Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, párr. 70 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.
