La investigación que analiza la gobernabilidad de agua en El Salvador, desde la óptica de la política pública, está lista para divulgarse.
La coyuntura sobre la propuesta de ley de aguas junto a la creación de un ente rector ha llevado a serias discrepancias sobre el rol y las funciones de esta nueva institución. Este asunto ha centrado el debate, la investigación realizada muestra que ese camino esta errado.
La clave de una ley de aguas pasa por asumir la necesidad de una gobernabilidad del agua con enfoque de derechos humanos y sostenibilidad ambiental.
La gobernabilidad del agua debe ser entendida como el rango de los sistemas económicos, políticos, sociales y administrativos que se establecen para desarrollar y manejar los recursos hídricos y el suministro de agua en los diferentes niveles de la sociedad.
No debe confundirse la ley con la creación de un ente rector, incluso si el ente está conformado por instituciones públicas no podría darle gobernabilidad al sector.
La investigación realizo un análisis comparado de la gobernabilidad del agua que incluyo: i) tipo de enfoque sobre el agua; ii) marco normativo; iii) diseño de sistema hídrico nacional; iv) análisis comparado de ley de agua y propuesta de ley y v) análisis de gobernabilidad multinivel.
Los resultados muestran que El Salvador posee baja oferta hídrica y alta demanda, marcos normativos anacrónicos, sin un sistema hídrico nacional, y baja coordinación entre las instituciones públicas involucradas. La propuesta de ley de aguas de los denominados “expertos hídricos” no posee las condiciones mínimas para ser considerada como tal ya que carece de un enfoque de gobernabilidad de agua según principios para una Gestión Integrada de Recursos Hídricos del Global Water Partnership, tampoco contiene un enfoque de cuencas hídricas, no regula y no protege los recursos hídricos, el diseño institucional del ente es híper centralizado en las funciones, con un control privado y concentra poder en estructuras administrativas. Encubre o deja de lado aspectos claves como aprovechamiento de agua; no legisla sobre la protección del recurso hídrico; sustituye aspectos jurídicos claves como concesión y canon por permisos y tasas; petrifica parámetros sin sustento de estudios técnicos en los cálculos de monto a pagar por uso y aprovechamiento de agua y por vertidos; no considerando temas como: sanciones, contaminación, daño ambiental, en una ley especial; socializa gastos, costos e inversiones y privatiza ingresos, beneficios y externalidades ambientales positivas.
Se concluye, entre otros aspectos que la propuesta de ley de agua de El Salvador de los “expertos hídricos” carece de un enfoque basado GIRH conformado por los principios de equidad social, sostenibilidad ambiental y eficiencia económica. Esto a pesar que la propuesta de ley utilice el nombre y algunos conceptos que el análisis demostró que carecen de contenido.
El nuevo gobierno, ha dado pocas señalas de su postura frente a una ley de aguas, pero son alarmantes dado que tienen un sesgo pro-empresarial en un tema tan complejo y vital como lo es la gestión integrada del recurso hídrico.
Pido a todas las expresiones de la sociedad civil a abrir el debate en torno a la gobernabilidad del agua, espero que podamos divulgar los resultados de la investigación a la mayor cantidad de personas, sectores y organizaciones sociales.
Creo que debe forjase una coalición promotora de una política de aguas basada en una gobernabilidad pública con enfoque de derechos humanos y de sostenibilidad ambiental.
