La función de la Sala de lo Constitucional es la de interpretar la ley, teniendo la última palabra en dicha materia y sin admitir discusión alguna al dictamen final.
Hemos observado cómo sus juicios determinan virtualmente el rumbo de la nación, sometiéndose obediente hasta el Ejecutivo, incluso cuando sus dictados le contradicen. Tampoco el Legislativo o las demás entidades de gobierno se retraen o contradicen a dicha sala, aportando de ese modo y desde el conjunto del Estado a la construcción de un Estado de Derecho, es decir, regido por la Ley.
Organismos extraregionales, regionales, nacionales y otras entidades alaban tal proceder de nuestras autoridades, subrayando cómo el sometimiento a esta institución favorece a la República y a la Democracia que construimos entre todos y todas.
Las naciones vecinas realizan el mismo ejercicio, llevando el cumplimiento de la ley incluso a la remoción de presidentes, como fue el caso guatemalteco, su exvicepresidenta y funcionarios de dicha administración. Esto también sucede en otras naciones de la región, donde los procesos legales han relevado a aquellos funcionarios cuyo actuar esté cuestionado, y sin que ello derive en protestas de terceros.
El actual ejecutivo estadounidense, al recibir reveses en los tribunales y en oposición a sus planes, se ha sometido a tales resoluciones dando marcha atrás y dejando prevalecer la ley.
Todo esto es según los doctos lo propio, lo correcto, el deber ser.
Sin embargo, cuando la Sala de lo Constitucional de Venezuela desautoriza al Parlamento de dicho país para ejercer, en razón de sus continuos desacatos, teniendo potestad para ello de acuerdo al artículo 336 de la Constitución venezolana, entonces se considera un golpe de Estado.
Las decisiones de la Sala venezolana están fundamentadas en repetidas violaciones de la Asamblea General, comenzando por conservar a 3 elementos en la oposición, cuestionados por no ser elegidos con la debida propiedad sino ejerciendo fraudulentamente.
Estos sucesos han movido a las naciones alineadas con los Estados Unidos, principal gestor desde la OEA de un proceso que busca contravenir la carta de principios de dicho organismo, y violar la soberanía del estado sudamericano, acusándolo de promover un golpe interno y desde la esfera legal, cuando lo que sucede realmente es que tanto este organismo, como las naciones bajo la férula estadounidense, como capitales regionales y locales, todas coludidos con los Estados Unidos promueven a través de ésta ilegal intervención, la remoción del legítimo gobierno de Venezuela. Un gobierno elegido por el soberano de esa nación, cuyo procesos electorales, desde el arribo del chavismo, son los más observados y revisados por propios y extraños, resultando siempre aprobados por lo garante de la norma y del proceso, tanto eleccionario como de ejercicio de la democracia venezolana. Esto legitima dicho gobierno en tanto que sus oponentes, quienes lo cuestionan son aquellos gravemente señalados por sus procesos internos: Honduras y Brasil son regímenes resultantes de golpes de estado, ilegítimos por lo mismo pero además enfrentados a sus respectivos poderes judiciales en razón de las mismas causales. Mientras que México y Argentina son gobernados por regímenes que niegan su involución social y económica, producto de sus ajustes extremos a través de los cuales entregan la soberanía de ambas naciones a capitales extranjeros y que benefician solamente a las élites financistas locales contraviniendo intencionalmente la norma interna.
Estos estados son quienes demandan democracia en Venezuela, violando su soberanía, sirviendo como plataforma que exporta violencia a aquel país. Favorecen la difusión de interpretaciones interesadas de la realidad venezolana, violando tratados suscritos así como atentando en contra de la seguridad y la vida de los ciudadanos venezolanos, a quienes se somete a un estrangulamiento económico implacable así como al aislamiento político de sus vecinos detractores,. Todo esto orquestado desde Estados Unidos, cuyos funcionarios abiertamente amenazan a quienes denuncian la agresión, lo que se constituye en otra expresión del plan aquí develado.
Existe además la malicia de dar visos de legalidad y probidad moral al proceder de quienes ejecutan ésta agresión, la que sin duda como en Chile y luego de remover el gobierno del Doctor Allende, será la crisis rápidamente superada. Esto evidencia lo artificiosa de esta, que por principio impone la necesidad de denunciarlo, sus testaferros, ejecutores, propósitos, estrategias, etcétera; pues el asedio a la democracia venezolana es además una descarnada agresión a los proyectos democratizadores latinoamericanos, lo que atenta contra nuestro futuro y es simplemente inaceptable.
¿O qué?, por comodidad preferiremos padecer las versiones de democracia que sufren México, Brasil o Perú. Esas son las alternativas.
