Por Rubén Aguilar Valenzuela.
El pasado 12 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su posicionamiento frente a los hechos ocurrido en el campo de exterminio y entrenamiento del CJNG en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
En mi lectura, el texto contiene una crítica dura, clara y puntual al actual gobierno federal, que pienso pasó desapercibida a los medios, los analistas políticos, los académicos y a las organizaciones de la sociedad civil.
Del texto retomo una primera acusación especialmente grave y que nunca se había hecho de parte de la Iglesia Católica: El gobierno “debe romper definitivamente con las alianzas que pudieran existir entre el crimen organizado y algunos ambientes políticos para liberar a México de esta decadencia moral”.
Retomo otras seis de estas críticas o francas acusaciones a los gobiernos en particular al federal:
– El reconocimiento de que el crimen organizado opera campos de entrenamiento y exterminio, que incluyen crematorios clandestinos. Están a la vista de todos.
– Los hallazgos ponen “en evidencia la omisión irresponsable de las autoridades gubernamentales de los tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el país: la desaparición de personas”.
– En el Estado mexicano no tiene capacidad para dar “una respuesta inmediata, contundente y coordinada” ante esta realidad cada vez más grave.
– Manifiestan su “extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen en 40% las desapariciones”.
– El gobierno debe “dejar de evadir su responsabilidad o intentar ocultar la realidad” e “investigar exhaustivamente estos hechos con transparencia y eficacia”.
– Urge que los tres niveles de gobierno “fortalezcan los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas” e “implementen políticas efectivas que prevengan estos crímenes atroces y garanticen la no repetición”.
Y los obispos, en contra de la posición del pasado y actual gobierno federal frente a las madres buscadoras, reconoce y exalta “la extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia. Su testimonio nos interpela a todos como sociedad”.
