La inseguridad y las extorsiones a manos de las maras y el crimen organizado son actos de terrorismo de nunca acabar en nuestro suelo patrio. El Plan Control Territorial (PCT) del gobierno tiene dos aristas: “mírame, pero no me toques, pero ayúdame a bajar los niveles de inseguridad”, mediante un pacto encubierto. Según el diario digital El Faro ha existido pláticas de un acuerdo con las maras. Esta situación no es la primera ni la última expresión real del país.
La respuesta policial a las situaciones diarias – especialmente de las extorsiones – ha sido, en la mayor parte de los casos, de gran violencia, lo que ha producido nuevas muertes, por no pagar lo exigido por las clicas en sus barrios o colonias controladas, y que la “inteligencia policial” no ha podido o no tiene la valentía de atacar de fondo este problema, que no solo afecta a la empresa formal en todos sus niveles, sino que también al vendedor ambulante informal.
Si bien algunos alcaldes han tratado de resolver el problema de seguridad de su comuna, responsabilidad exclusiva del Ministro de Justicia y Seguridad Pública el solventarlos, no es suficiente. Generar esperanza y levantar los ánimos con declaraciones y respuestas a esta coyuntura, con falsas expectativas y supuestos niveles de reducción de la delincuencia por parte del gobierno, y en especial del Presidente Bukele, no es la real solución.
El Presidente Bukele y sus más allegados, saben que no es tarea fácil convencer a los ciudadanos con supuestos planes efectivos, que contrastan con lo que en realidad viven a diario en sus lugares de trabajo y hábitat. La diatriba frente a la oposición política y pueblo en general, de que eso es lo que nos heredaron los gobiernos del pasado, no es la solución. Y mucho menos dividiendo a los salvadoreños en buenos y malos.
El gobierno está creando la figura de que el enemigo interno es la oposición y no el crimen organizado. Lo ilegal – parece ser – no es la solución a los problemas de inseguridad del ciudadano, al negociar la ley, los planes, o rindiéndose al crimen organizado. La militarización de la seguridad pública no es el deber ser de la Fuerza Armada. El Art. 168. de la Constitución de la República de El Salvador, que establece las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, es claro en sus incisos: 1º, 9º, 12º, 14º, 17º, 18º, y 19º; sin embargo, el mandatario ataca a la FGR, irrespeta la Constitución, no dinamiza la inteligencia del Estado [OIE], para penetrar y neutralizar al Crimen Organizado, entre otros apartados y que deja mucho por hacer.
Con esta estrategia de no ser obediente a la Constitución; abiertamente enfocó su estratagema, para lograr lo que todo mundo [jóvenes ilusos, especialmente] iba a lograr, y logró en las pasadas elecciones del 28 de febrero de 2021. Las elecciones a su favor – no de los candidatos a diputados y alcaldes de NI – no fue obstáculo para ganarlas a pesar de lo oscuro de los compadrazgos y corrupción, señalados por varios medios informativos; así como su lóbrega gestión de la pandemia del coronavirus y su consecuente deterioro económico.
Con sus declaraciones y actos, abiertamente ofensivos contra aquellos que no estén de acuerdo con su personalidad egocentrista, y orientados a generar más tensión y violencia en la sociedad salvadoreña; pretende generar un conflicto entre su base social, disciplinada por el miedo y su fanatismo; y un enemigo interno que incluye a las personas de minorías intelectuales, empresarios y profesionales, entre otros actores políticos importantes.
Se ha denunciado abiertamente a nivel nacional e internacional, prácticamente desde su llegada al poder – aumentando los señalamientos – con la toma violenta de la Asamblea Legislativa el 09 de febrero de 2020 -, que suponía un peligro para la democracia salvadoreña y para la política internacional. Ahora mismo está haciendo con su pueblo lo que inició aquel día fatídico: amenazar, dividir y polarizar con quienes le conviene hacerlo conforme a sus particulares intereses. Vive atacando la corrupción, pero no ve – o no quiere ver – la que ha generado al interior de su gobierno.
No es casual que, en este ambiente internacional, se hayan multiplicado los hombres ultras como él [Bolsonaro en Brasil, Modi en la India o Duterte en Filipinas, la Junta Militar en Myanmar), quienes, a base de mentiras y miedo inducido, están acabando con el Estado de derecho y las bases de la democracia en sus países, y amenazan con hacerlo en otros.
En este contexto, la comunidad internacional no puede quedarse inerte mientras deja hacer al presidente de El Salvador lo que le venga en gana, sin los contrapesos tan necesarios en una democracia. ¿Una vez más, podrán los jóvenes salvadoreños – en su mayoría – desenmascararse de este engaño? Según el TSE, el escrutinio preliminar, NI [el presidente Bukele] llegaría a 56 legisladores y alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso, lo que le permitiría al presidente – sin necesidad de ninguna alianza – aprobar cualquier iniciativa de ley a sus intereses.
Asistieron a las urnas más de 2.7 millones de salvadoreños, de los 5.3 millones convocados, según el TSE. Ante este resultado en el que no hay un porcentaje real de la voluntad, ante la no participación de los indecisos; la sociedad organizada debe salir a defender los límites. El autoritarismo a ultranza es una condición peligrosa para la democracia.
La lucha contra el populismo, que representan los Evo Morales, Maduro, Bolsonaro, los Kirchner, Correa, entre otros, es una necesidad histórica para todas las personas que aspiran a vivir en una sociedad decente y con derechos. Ahora, en El Salvador, a partir del 1º, de mayo el gobierno tendrá el control total del país, y en el futuro podremos estar siempre atados a la demagogia y la intransparencia de sus políticas. Necesitamos ganar y defender esa gran batalla por la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social, defender la vida, y sobre todo, la tierra que nos vio nacer, que es nuestra casa común; como base para garantizar la salud y hábitat futuro.
