Por Alonso Rosales, analista internacional
En el tablero geopolítico de Medio Oriente, las tensiones no son nuevas, pero sí lo es el nivel de normalización que han alcanzado ciertas acciones que, bajo cualquier marco jurídico internacional, deberían generar una condena unánime. Las recientes propuestas expansionistas de Israel, orientadas a consolidar presencia y control en zonas fronterizas del sur de Líbano, representan un punto de quiebre alarmante que el mundo parece observar con una pasividad inquietante.
Hablar de anexión territorial en pleno siglo XXI no es solo un anacronismo político, sino una violación directa a los principios fundamentales del derecho internacional. La soberanía de los Estados y la integridad territorial no deberían ser conceptos negociables ni reinterpretables según la conveniencia de las potencias militares. Sin embargo, en este caso, pareciera que la ley del más fuerte se impone sin mayores consecuencias.
Más allá de la dimensión territorial, el problema adquiere una gravedad aún mayor cuando se observan las denuncias constantes sobre abusos contra poblaciones civiles. Diversos reportes han documentado agresiones, desplazamientos forzados y actos de violencia ejercidos por colonos en territorios en disputa, particularmente contra comunidades palestinas y beduinas. Estos hechos, que deberían estremecer a la comunidad internacional, se diluyen en un flujo informativo desigual, donde algunas voces denuncian mientras otras optan por el silencio.
La pregunta inevitable es: ¿quién condena esto? La Organización de las Naciones Unidas, llamada a ser árbitro moral y político en conflictos de esta magnitud, parece atrapada en su propia burocracia e incapaz de actuar con la contundencia que la situación exige. Las resoluciones, cuando existen, carecen de peso real frente a los intereses geopolíticos de actores más influyentes.
El rol de los medios de comunicación tampoco escapa al escrutinio. Mientras algunos medios internacionales —especialmente en Europa y Asia— exponen estos hechos con mayor claridad, otros optan por una cobertura tibia o selectiva. El silencio, en este contexto, no es neutral: es complicidad.
La ambición territorial, cuando se combina con impunidad, se convierte en un peligroso precedente. No solo para Medio Oriente, sino para el orden global en su conjunto. Si el mundo acepta que un Estado puede expandirse a costa de otro sin consecuencias reales, se abre la puerta a una era donde el derecho internacional deja de ser una norma para convertirse en una simple recomendación.
Hoy, más que nunca, es necesario cuestionar, denunciar y exigir coherencia. Porque la justicia selectiva no es justicia, y el silencio frente a la injusticia no es neutralidad: es abandono.
