Debido a una irregularidad detectada en el proceso que hizo el Juzgado de Paz, el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador anuló, este viernes, la orden de captura girada contra Earle Reyes Reyes Morales y Byron Enrique Larrazabal, quienes están acusados de lavado de dinero.
Los señalados son hermano y socio, respectivamente, del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien también está acusado de malversación de fondos públicos.
En enero de 2020, el Juzgado Decimoprimero de Paz decretó la detención provisional y orden de captura para Reyes Morales y Larrazabal Arévalo por no haberse presentado a la audiencia inicial desarrollada ese mismo día.
La parte defensora presentó un recurso ante la Cámara Primera de lo Penal por considerar que existió afectación al derecho de la libertad personal, por la imposición de la detención sin que el juzgado hubiera agotado todos los recursos para notificar a los imputados a que se presentaran a la audiencia.
Por lo tanto, el juez Roberto Arévalo sostuvo que la anulación se produjo, porque el juzgado de Paz les giró la orden de captura sin haberles notificado los cargos.
El abogado defensor, Pedro Cruz, manifestó que existen elementos para desvirtuar la acusación fiscal contra su cliente por lavado de dinero y activos.
Ante la decisión del juez, el fiscal general de la República, Raúl Melara, criticó la decisión de anular la orden de detención y explicó que la ley establece que para el delito de lavado de dinero, no puede haber otra medida que la detención provisional.
Los imputados serán citados para intimidarlos en Juzgado Sexto de Instrucción, según afirmó el juez Arévalo Ortuño, quien agregó que si no llegan para ser intimados, les girarán una nueva orden de captura.
Por su parte, el exdiputado Sigfrido Reyes, volvió a acusar a la Fiscalía de montar un show en torno al caso.
“Se te cae el show vulgar y perverso que montaste, Raúl Melara. Todas tus patrañas y falsas acusaciones van camino al despeñadero”, reaccionó en su cuenta de twitter.
A Reyes se le acusó de lavar, presuntamente, $6 millones utilizando los viáticos otorgados por la Asamblea Legislativa mientras fue presidente de este Órgano de Estado, autorizándoselos el mismo. También al exfuncionario y socios se les vincula a la compra supuestamente irregular de cinco terrenos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en el año 2014 que supuestamente adquirieron a un costo por debajo del real.
En esta causa penal se procesa a 14 personas, entre estas el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Othón Reyes, por lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.
