Imelda Cortez es una joven de 20 años, originaria del cantón El Paraíso, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Creció en una familia marcada por la pobreza y la violencia de género. Desde la edad de 12 años, Imelda sufrió violencia sexual sistemática de su padrastro. Su nivel de escolaridad es de apenas noveno grado, y forma parte del segmento poblacional clasificado como “ni-ni”: tuvo que abandonar sus estudios y no tiene un empleo que le proporcione para sostenerse.
Como resultado de las violaciones a las que estuvo sometida desde su infancia, Imelda Cortez quedó embarazada en el año 2016, y sufrió de una patología conocida como Embarazo Críptico. De acuerdo a la revista científica Medical Hipothesis (2007) , este trastorno afecta a uno de cada una de cada 475 mujeres en el mundo y se presenta cuando una mujer gestante presenta pocos o ninguno de los síntomas asociados con el embarazo, incluyendo la no interrupción del período menstrual. Se le considera un mecanismo de autodefensa en cuadros de mujeres que enfrentan traumas o situaciones de stress psicológico.
En abril de 2017, durante la semana 36 de su embarazo, Imelda tuvo un parto extrahospitalario mientras defecaba en la fosa séptica de la vivienda familiar. Este parto le ocasionó una hemorragia vaginal que la obligó a buscar ayuda médica en el Hospital Nacional de Jiquilisco. El personal de salud que la atendió dio aviso a la Fiscalía, quienes de manera inmediata procedieron a detenerla, esposarla a la camilla y a remitirla posteriormente al Juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco.
No obstante, su hija sobrevivió a la caída dentro de la fosa séptica, el juez decidió iniciar contra ella un proceso penal por el delito de Homicidio Agravado Tentado, y decretó detención provisional hasta que su caso fuera llevado al Juzgado de Primera Instancia. Diecisiete meses después, Imelda fue llevada el pasado 3 de septiembre ante el Juez de Primera Instancia de Jiquilisco, Manuel de Jesús Santos, quien resolvió enviar el caso de Irma Cortez a vista pública, a pesar de toda la prueba de descargo presentada por la defensa que logró demostrar que no existe evidencia científica para acusarla de tentativa de homicidio agravado. La fecha para la vista pública no ha sido establecida aún.
Ningún atenuante ha sido considerado en este caso por el Juez, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República como justificación válida para decretar medidas sustitutivas a la detención. Ni siquiera se ha tomado en cuenta la condición de embarazo críptico sufrido por esta joven como mecanismo de autodefensa frente al trauma de violación reiterada de su padrastro.
Ni Ciudad Mujer, ni el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en favor de los derechos de Irma Cortez para que se tome en cuenta su condición de madre soltera y sus urgentes necesidades de cuidado psicológico y emocional para que eventualmente pueda sobreponerse a este stress post traumático y en el futuro sea capaz de establecer una relación maternal con su pequeña hija. De estas instituciones se esperaría al menos un intento de cumplir con la recomendación 37 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas que en marzo de 2017 pidió al Estado salvadoreño “revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto con el fin de garantizar su liberación y mantener la presunción de inocencia y debido proceso en los procedimientos relacionados con el aborto”.
La justicia que se imparte en nuestro país se parece a la atención al cliente que brindan los bancos del sistema financiero. Si bien todas las personas tienen derecho a que se les atienda, algunas tienen derecho a que se les atienda antes mejor que a otras; todo depende de la tarjeta de crédito que se tenga y/o del volumen de depósitos que se maneja en sus cuentas. Lo mismo puede afirmarse en relación con el interés que evidencian las instituciones del Estado en los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas
En esta reflexión tampoco se puede dejar de mencionar la grave omisión cometida en el último informe sobre desarrollo humano patrocinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de El Salvador, dedicado a las juventudes, y en el cual no se dedicó ni una tan sola línea al trato degradante y cruel que el sistema de justicia penal da a las mujeres jóvenes acusadas y/o condenadas injustamente por aborto.
En nuestro país no habrá paz mientras no haya justicia, pero necesitamos justicia para todas las personas, incluso si se trata de personas como Imelda Cortez: mujeres, jóvenes y pobres.
