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miércoles, 28 de julio del 2021

Justicia fiscal: Impuesto sobre las grandes fortunas

En El Salvador 160 millonarios acumulan riqueza equivalente al 87% de la producción nacional. A nivel centroamericano, el panorama es similar: las 1.075 mayores fortunas poseen una riqueza total que asciende a 142.000 millones de dólares, lo que equivale al 80% de la producción de la región. Los ricos más ricos tienen una enorme responsabilidad frente al sistema tributario, pues si estos caballeros pagan los impuestos, que de acuerdo a la justicia fiscal, les toca pagar, el gobierno tendrá mayores posibilidades de hacer más carreteras, hospitales, escuelas, y demás infraestructura básica, que hoy más que nunca es necesaria para generar empleos y sacar adelante al país.

Ante esta realidad, en diversos países del mundo, se discute la posibilidad de aprobar un Impuesto sobre las grandes fortunas. Se trata de un impuesto de patriotismo fiscal que se está proponiendo para la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Brasil ,Chile. En España se discute la aprobación de un impuesto que gravará con un 2 % los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país. No hay que dramatizar un impuesto al patrimonio con las características arriba mencionadas, sería un aporte extraordinario y por única vez a patrimonios millonarios, se trataría de un tributo solidario para dar respuesta a las necesidades que plantea la emergencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

Está muy claro: los impuestos representan alrededor del 90% de los ingresos con los que cuenta el Estado salvadoreño. Sin embargo, la carga tributaria salvadoreña, apenas representaba el 18% del PIB (2018), que además está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI han manifestado que la política fiscal salvadoreña es regresiva incluso en los impuestos que teóricamente no deberían serlo. Al considerar la recaudación total Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, la clase trabajadora aporta con el 66.9% del total, mientras la gran empresa participa con el 14.8%”.

Siendo realistas, hablar de más impuestos en plena campaña electoral, desde el punto de buscar réditos políticos, es suicida. Solamente un partido o candidato que quiera terminar su carrera política haría ante sus financistas la propuesta de un impuesto solidario. Hay que decirlo: el cronograma para que un impuesto de esta naturaleza pueda discutirse en la Asamblea Legislativa tendría que comenzar en mayo de 2021. Solo una mayoría parlamentaria con visión de país, es capaz de impulsar una reforma fiscal integral, que es deseable, pero únicamente podrá ser posible en medio de una realidad catastrófica de las finanzas públicas y acompañada por una fuerte presión ciudadana.

Enfrentar esta crisis es una prueba para todos: Hay que adoptar medidas de emergencia y reorientar la política fiscal, para convertirla en una herramienta para lograr una salida efectiva, protegiendo a las personas y desarrollando acciones para salir adelante ante la crisis económica que nos deja el Coronavirus. Enfrentar   las restricciones de liquidez que tiene el gobierno con más deuda soberana. No es viable.  Al cierre de 2020 la deuda pública podría superar el 90% del PIB.

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