Para el primer semestre del año 2020 sólo se reportan 4 asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, tres de éstos son de mujeres trans, y sólo uno corresponde a una persona homosexual.
Sólo los asesinatos de Anahí Miranda Rivas, Tita Andrade Umaña y Camila Díaz Córdoba han sido los únicos casos sobre los que se están generando procesos judiciales con imputaciones concretas, durante el presente año.
El primer año de la gestión de gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, por otra parte ha demostrado una reducción en los índices de criminalidad, con un promedio de 4.3 asesinatos al día, según datos de la Policía Nacional Civil; y un reporte de al menos 7 asesinatos de personas de la Comunidad LGBT.
Sin embargo, la aplicación de Medidas de Seguridad Sanitaria para la Erradicación del Coronavirus ha impactado en la suspensión temporal de éstos procesos judiciales desde el pasado 14 de marzo, tras la reforma del artículo 9 del decreto legislativo N.º 593.
Ministerio Público declara aún no contar con los suficientes elementos para cubrir los registros de asesinatos de personas LGBT desde el año 2009.
La Fiscalía General de la República (FGR) realiza la ejecución de sus labores con la asignación de un monto de $78.4 millones dólares en 2019. Para 2020, hay un incremento de $8 millones de dólares respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda, dinero con el que se espera beneficiar a las víctimas de secuestros, en la aplicación de protocolos de atención y búsqueda de desaparecidos. Además, la FGR designará fondos para la ejecución de investigaciones judiciales destinadas a la reparación de víctimas y familiares de delitos graves.
El Ministerio Público reporta al menos un registro de 27 asesinatos en contra de las personas de la Diversidad Sexual y Genérica, desde el año 2009, tipificados en prejuicio de “la Identidad y Expresión de Género o la Orientación Sexual”, de acuerdo al numeral 11 del artículo 129 del Código Penal.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; ya no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los Crímenes de Odio, o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas. La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados en la investigación de la Fiscalía. Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informó Carlos Rodríguez, el ex procurador adjunto para los Derechos Civiles e Individuales.
No obstante, la Federación Salvadoreña LGBT hace un recuento creciente de asesinatos hacia las personas de las personas LGBT, con una cifra que ya es mayor a los 500 casos registrados desde la desde el año 1995, dato registrado en el Primer Informe Situacional de Crímenes de Odio en El Salvador del año 2016.
“No van a ser coherentes, o no van a ser equivalentes las cifras que nosotros realizamos, o que nosotros sistematizamos, con las que ellos tienen (el Ministerio Público), desde el momento en que no registran sobre identidad, orientación o expresión de género…” explica Mónica Linares, directora de ASPIDH Arcoíris Trans El Salvador.
Sin embargo, la falta de capacidad técnica institucional para la investigación, resolución y actuación ante casos de secuestros y de asesinatos es un tema de denuncia en el Ministerio Público.
“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, dice Ana Castillo Salazar, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBT de la Fiscalía General de la República.
