Las intenciones del presidente de la República, Nayib Bukele, de enviar a la cárcel a todo capturado en el Estado de Excepción, empieza a tener los primeros roces con los tribunales salvadoreños, esto porque los jueces no estarían satisfaciendo las exigencias del mandatario debido a que tienen que actuar respetando todo un proceso.
El primer conflicto que se ha hecho público es el del juez especializado de Sentencia A, quien -según Bukele- habría intentado poner en libertad a 42 pandilleros del barrio 18 involucrados en 14 asesinatos y la desaparición de una persona.
El juzgador emitió libertad de los acusados basado en que el testigo principal habría mentido en su declaración y no no habría logrado demostrar dónde se encuentra la supuesta fosa clandestina donde habrían enterrado a una de las víctimas.
El abogado defensor de los imputados señaló que el relato del testigo tenía muchas incoherencias ya que los hechos y fechas no coincidían, e involucró a unos pandilleros que se encontraban en prisión cuando ocurrieron los asesinatos que les achacan.
La Fiscalía por su parte, dijo estar en desacuerdo con el fallo y presentará un recurso de apelación.
Por lo tanto, sería removido y le abrirán un expediente en Fiscalía General de la República (FGR) a petición del presidente.
“Hago un llamado a la @FGR_SV a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas”, pidió el presidente.
El mandatario dio a conocer por Twitter que hasta la media noche del jueves se habían capturado a 3,873 pandilleros.
“Esto en solo 6 días y únicamente 5 de ellos con RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN. Todos ellos serán llevados a penales de máxima seguridad”, afirmó.
En un segundo tuit aclaró que en las últimas horas no se ha liberado a ningún pandillero.
“Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado”, demandó.
En este sentido, diferentes abogados son del criterio que detrás de toda captura debe cumplirse con el debido proceso legal.
Prueba de ello es la abogada, Tahnya Pastor, quien pese a aplaudir la mayor parte de las políticas ejecutadas por Bukele, ha mostrado un pensamiento crítico ante esta situación.
“Hay que recordar a los fiscales que no somos estadísticas, que la población tiene derechos, siempre han existido malas prácticas que han llevado a gente inocente a la cárcel”, advierte Pastor.
La abogada destaca que no es solo el hecho de detener a una persona por considerarla que pertenece a un grupo criminal o que ha cometido delitos, también los esfuerzos se deben enfocar en que las autoridades de seguridad deben documentar debidamente los casos.
Acepta que se han cometido errores en el proceso, pudiendo apresar también a personas inocentes, los vacíos deben ser subsanados en los 15 días que tienen las autoridades para dejar libre al detenido o procesarlo conforme a las pruebas y siguiendo el debido proceso de ley, para evitar precisamente las denuncias de que hay “violaciones a los derechos humanos”.
“El Estado de excepción era necesario para contener la violencia, pero debió instaurarse antes, como parte del Plan Control Territorial”, recomendó.
Por su parte, el abogado Julio Valdivieso es de la opinión que si a las autoridades de seguridad se les sale de control los abusos que se cometan en las detenciones la percepción positiva que tiene cierta población de las medidas restrictivas se puede revertir.
Además, consideró que frenar la criminalidad no solo depende de un decreto legislativo, sino de planes de corto, mediano y largo plazo.
Dice estar de acuerdo con el régimen de excepción, pero apunta a que no solo se trata de retomar el territorio que era controlado por las pandillas, también se debe mantener la seguridad en dichas zonas.
“Íbamos a un Estado fallido, el gobierno ha reaccionado para retomar el territorio en poder de las pandillas. Había necesidad de poner orden y controlar la situación”, afirmó Valdivieso.
En cambio, para el analista político Ronal Umaña lo que el gobierno lleva a cabo no era necesario, lo ve más como una “medida política para demostrar que algo se está haciendo”, de hecho considera que es señal de que algo se rompió. Dejó entrever que pudiera tratarse de alguna exigencia de las pandillas hacia el gobierno, algo de fondo que se necesita descubrir para que no vuelva a pasar.
“No había necesidad de aplicar régimen de excepción, esto ha sido una medida de carácter político ¿por qué no lo hicieron en los tres años anteriores? aquí se ha quebrado algo, es una manera de presionar al régimen y siempre son los más pobres y los más humildes quienes pagan los platos rotos de esta situación”, lamentó Umaña.
Medidas indicarían que no hay pacto entre el gobierno y pandilla
Mientras tanto, el analista político, Dagoberto Gutiérrez, aseguró que las medidas ejecutadas por el Gobierno salvadoreño “son una respuesta ante el aumento exorbitante de homicidios provocado por las pandillas”.
El pasado domingo, la Asamblea Legislativa aprobó la iniciativa del presidente Nayib Bukele de implementar Régimen de Excepción, el cual establece que algunas garantías constitucionales pueden ser suspendidas en caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofes, epidemia y graves alteraciones de orden público.
“El Gobierno está ante una situación coyuntural, donde se concentra el conflicto de todo el periodo y la magia de la lucha por el poder tiene que ver con la forma como se entiende y se resuelve la coyuntura. Es el Estado quien debe resolver la coyuntura”, destacó el analista político.
A su vez, Gutiérrez señaló que según las acciones tomadas a la fecha por el Estado, no se piensa en ningún tipo de negociación.
“La represión está en el derecho penal y ahí están las penas y entiendo que eso es lo que hizo ayer la Asamblea Legislativa. El Estado está actuando y respondiendo”, agregó.
Liberación de cabecilla de pandillas
En contracorriente a lo que dijo Gutiérrez, los pandilleros Elmer Canales Rivera, alias “Crook”; Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho”; y Efraín Cortez, alias “Tigre” salieron de prisión en diferentes lapsos a lo largo de ocho meses, según documentos del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) a los que tuvo acceso La Prensa Gráfica.
Los tres individuos son cabecillas de la Mara Salvatrucha sobre los que penden solicitudes de extradición emitidas por fiscales federales de Estados Unidos.
Tanto los documentos, como los testimonios recopilados por La Prensa Gráfica afirman que los pandilleros salieron de prisión entre el segundo semestre de 2021 y finales de enero de 2022.
