Continua el juicio contra 18 pandilleros y exfuncionarios municipales acusados de actos de corrupción al interior de las alcaldías de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, en el departamento La Paz. Entre los acusados se encuentran Salvador Francisco Morataya, exalcalde de Zacatecoluca, y Rafael Aguilar, exalcalde de San Rafael Obrajuelo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), las acusaciones de corrupción ascienden a la suma de $350,000.00 y están vinculadas al exalcalde de Zacatecoluca, Salvador Francisco Morataya, y otros 19 funcionarios, empresarios y particulares. El proceso judicial, conocido como “Operación Monarca”, se inició el 24 de abril en el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca.
Salvador Francisco Morataya, exalcalde de Zacatecoluca, está enfrentando cargos por 4 casos de Negociaciones Ilícitas y 3 casos de Cohecho Impropio. Por otro lado, Rafael Aguilar, exalcalde de San Rafael Obrajuelo, y Luis Gómez, exregidor, están siendo acusados de Peculado. Además, hay cinco miembros del exconcejo municipal de Zacatecoluca que están siendo procesados por el delito de Negociaciones Ilícitas y Cohecho Impropio.
Se requería una caución económica de $25,000.00 para formalizar medidas alternas a la detención, sin embargo, miembros del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Codappes) denunciaron que el exalcalde Morataya no recibió tales beneficios y permanece detenido.
Además, Codappes informó que tres miembros del consejo de Hirezi, identificados como el Dr. Henríquez Cruz, Jaime Gilberto Valdez y Dennis Córdova, fueron liberados del Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona- el 23 de marzo. Por su parte, la FGR detalla que Hirezi sigue bajo detención por la malversación de hasta $9,900.00 y la presunta comisión de delitos de cohecho propio y peculado, relacionados con la venta ilegal de insumos agrícolas entregados por la comuna.
El juicio busca esclarecer los actos de corrupción cometidos al interior de las alcaldías de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, incluyendo acusaciones de negociaciones ilícitas, cohecho impropio y peculado. Las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la República esperan que este proceso permita llevar ante la justicia a los responsables y contribuya a fortalecer el Estado de Derecho en El Salvador.
