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viernes, 14 de mayo del 2021

Jueza absuelve crimen de lesa humanidad que reclamaba empresario secuestrado

Se trataba del primer proceso judicial que llegaría a la fase de sentencia y por un delito de lesa humanidad, tal como se considera el secuestro (Foto de portada El Mundo)

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La jueza de menores de Usulután resolvió exonerar y absolver al único procesado por el secuestro del empresario Armando Durán, hecho ocurrido hace 34 años, durante la guerra civil en el oriente salvadoreño.

La jueza, tras cinco años de proceso legal contra un exguerrillero, justificó su fallo al afirmar que “el delito prescribió y que nunca fue denunciado en la época”.

Luego de tres días de juicio, el viernes, la jueza dio su sentencia en donde dejó de lado las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, que fueron recabadas en los últimos cinco años.

“La jueza dijo que este no era un delito de lesa humanidad, lo atribuyó como un delito común, no reconoció las pruebas documentales que se habían presentado, no las quiso recibir”, señaló Armando Durán, al salir del fallo judicial en el juzgado de menores de Usulután.

En su momento el FMLN reconoció el secuestro de que fue víctima el empresario Durán; la FGR recabó pruebas y hasta documentos de la Cruz Roja Internacional (CIRC), que daban cuenta del delito vivido por la víctima, así como de otras que vivieron lo mismo por el grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) –FMLN- que operaba en la zona.

Historia de un secuestro

El Juzgado de Menores de Usulután instaló el 14 de abril el primer juicio en contra de un crimen de guerra cometido por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en 1987.

Se trata del secuestro de Armando Durán, quien en el momento del secuestro era menor de edad, y por ello el caso goza de reserva; sin embargo, la denuncia de Durán incluye a la comandancia general del FMLN.

Durán denunció en 2016 a los cinco comandantes de las fracciones del FMLN: Salvador Sánchez Cerén, Schafik Hándal (ya fallecido), Joaquín Villalobos, Francisco Jovel y Eduardo Sancho, por el secuestro en el que, según él, lo mantuvo la guerrilla entre el 7 de diciembre de 1986 y el 13 de enero de 1987, luego de que lo capturaron en Tierra Blanca en la bahía de Jiquilisco, ubicada en el departamento de Usulután.

La víctima del caso afirmó que la Fiscalía ha realizado una visita de campo en la que inspeccionó el terreno en donde ocurrió su secuestro. Además, Durán afirmó que los investigadores han recogido varios testimonios de personas que presenciaron el hecho.

El denunciante afirmó que actualmente cuenta con una certificación de la Cruz Roja Internacional en la que se acredita que fue secuestrado y liberado por miembros de la guerrilla.

Según comentó Durán a una publicación digital, su familia tuvo que desembolsar 50 mil colones y entregar algunos bienes para que el secuestrado pudiera recuperar su libertad en enero de 1987.

La familia de Durán tenía salineras en las costas de Usulután, empresa por la que siempre pagaron el “impuesto de guerra” a los miembros de la guerrilla.

LEA ADEMÁS: Durán: La FGR es parte de un esquema de impunidad

Esta ha sido la primera denuncia que la Fiscalía recibió tras la derogatoria de la Ley de Amnistía y es una investigación realizada por el Ministerio Público y no por los jueces, como el resto de crímenes de guerra.

El ciudadano fue secuestrado el domingo 7 de diciembre de 1986 y fue liberado el 13 de enero de 1987.

Tras la eliminación de la Ley de Amnistía en julio de 2016, la víctima no cree en perdones y olvidos. "Porque el secuestro es una cosa terrible", dijo.

Asesinato de estadounidenses tras derribo de helicóptero en 1991

Otro caso que está cerca de ver luz en tribunales, es el  caso de  los supuestos responsables de asesinar a tres militares estadounidenses en 1991, en el marco de la guerra civil (1980-1992).

El helicóptero, del tipo UH-1H estaba equipado con misiles y una ametralladora M-60, y sobrevolaba una zona de guerra en Lolotique. Las víctimas de ese ataque fueron el teniente coronel David J. Piquet, el técnico en aviación Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott. 

Este hecho se registro el 2 de enero de 1991 en el cantón San Francisco, en Lolotique, San Miguel. A las pocas horas del derribo de la aeronave, el FMLN se atribuyó el hecho a través de Radio Venceremos, entonces clandestina. 

El helicóptero habría sido impactado por disparos de fusiles y de armas, como cortas, hechas por una columna guerrillera. Tras la muerte de los militares, el entonces portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que los tripulantes del aparato “tenían heridas de arma de fuego en la cabeza”. 

Richard Boucher afirmó que el helicóptero había hecho un “aterrizaje controlado”, dando a entender que los militares fueron ejecutados en tierra. 

 Luego se supo -por testimonios de personas que vieron el derribo- que dos de los militares fueron asesinados cuando estaban en tierra. Uno murió en el accidente. 

Según archivos del diario español El País, la Radio Venceremos, emisora del FMLN, informó que sus unidades no diferenciaban en ese momento “si era una nave de guerra que sobrevolaba una zona de guerra, y en este contexto se ha producido el derribo”. 

El derribo del helicóptero se produjo tres días después de que la comandancia de la guerrilla anunciara el fin a su última campaña militar, durante la cual derribaron cinco aeronaves militares de la Fuerza Aérea de El Salvador apoyados con cohetes tierra-aire SAM-7.

Por este hecho,  fue capturado el año pasado Santos Guevara Portillo (alias) comandante Domínguez. Guevara llegó a El Salvador en un vuelo humanitario procedente de Costa Rica y fue arrestado en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. 

Según la corporación policial, el comandante Domínguez  es el responsable del "ataque que terminó con la vida" de tres militares estadounidenses en 1991, dos de los cuales fueron ejecutados.

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