Jueces y magistrados ligados a la los tribunales de menores se pronunciaron en contra de la reforma de la Ley Penal Juvenil en la que se contempla que menores de 18 años que comentan delitos podrían ir a prisión sin necesidad de que un juez emita la orden de captura.
La reforma se dio al artículo 54 de la Ley Penal Juvenil y ahora avala la detención no solo por orden de un juez, sino también por una orden fiscal, de menores de 18 años que hayan cometido delitos. La propuesta fue hecha por la Fiscalía General de la República (FGR)
El magistrado de la Cámara de menores de Santa Ana aseguró que esa medida atenta contra “la modernidad de las leyes” y la calificó como “un retroceso para el sistema acusatorio”. Mientras que el juez de menores de la Unión, Víctor Meléndez, dijo que la reforma es un detrimento del estado constitucional de derecho y de la convivencia pacífica”.
Para los representantes de la justicia salvadoreña la medida no solucionará el problema de inseguridad que atraviesa el país, por el contrario, aumenta el riesgo de que esta aumente.
Por otro lado, en ocasiones anteriores representantes de la sociedad civil y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también han mostrado su rechazo a la reforma.
La PDDH ha señalado que los niños y adolescentes que cometen delitos, en su mayoría no lo hacen por voluntad propia sino que son utilizados por adultos quienes bajo amenaza, obligan a los niños y adolescentes a cometer acciones ilícitas.
“Los niños menores de 12 años no tienen el desarrollo cognitivo emocional para distinguir entre el bien y el mal, esto está demostrado por estudios científicos. Los adolescentes no tienen un proyecto de vida desarrollado. En las comunidades están instaladas pandillas violentas con delincuentes adultos que ante las fracasadas políticas de manodurismo, se sofisticaron y comenzaron a utilizar niños y adolescentes por amenazas”, dijo el titular de la PDDH, David Morales.
De igual forma, diversas organizaciones han llamado a la Asamblea Legislativa para que no se generen leyes que riñan con la Constitución y tratados internacionales, y que en sus discursos se llame a la pacificación social, alejados de la criminalización de menores de edad.
