Por Alonso Rosales
El documental NAZA, basado en testimonios anónimos de soldados y oficiales de inteligencia israelíes, ha abierto un nuevo frente de controversia sobre la conducción de la guerra en Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado investigar a quienes participaron en la producción, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel cuestionan las conclusiones de la película.
La guerra en Gaza ha abierto una nueva batalla, esta vez dentro de Israel: la disputa por conocer qué decisiones militares se tomaron durante las operaciones y hasta qué punto se protegió a la población civil. El documental NAZA, dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ha colocado en el centro del debate los testimonios de 24 militares y miembros de los servicios de inteligencia que describen, bajo anonimato, los procedimientos utilizados para identificar objetivos y autorizar ataques.
La controversia se intensificó el 12 de octubre de 2026, después de que se informara que Netanyahu había ordenado investigar e identificar a los participantes anónimos para determinar si correspondía iniciar acciones penales. Según la información publicada por El País, las autoridades israelíes consideran que las revelaciones pueden comprometer la seguridad del Estado. La medida plantea, sin embargo, una cuestión fundamental: cómo distinguir la protección legítima de información militar reservada de una posible represalia contra quienes denuncian actuaciones que consideran irregulares.
Testimonios sobre el funcionamiento de las operaciones militares
La película reconstruye las experiencias de 24 integrantes del aparato militar y de inteligencia israelí. Sus identidades y voces fueron protegidas para reducir los riesgos asociados a sus declaraciones. Los testimonios describen sistemas de vigilancia, procedimientos de selección de objetivos y herramientas de inteligencia artificial utilizadas durante la ofensiva en Gaza.
De acuerdo con la investigación publicada por The Guardian y recogida por agencias internacionales, algunos entrevistados sostienen que las operaciones se ejecutaban aceptando riesgos elevados para la población civil. También describen el uso de herramientas informáticas para identificar posibles integrantes de Hamás y procedimientos que, según sus relatos, habrían facilitado ataques contra personas localizadas en viviendas donde permanecían familiares.
Estas afirmaciones constituyen acusaciones graves y requieren una investigación independiente que permita contrastar los testimonios con órdenes operativas, registros de inteligencia, evaluaciones de daños y otras pruebas verificables. La existencia de declaraciones anónimas no demuestra por sí sola la responsabilidad penal de personas concretas, pero tampoco justifica descartarlas sin examinarlas.
El documental fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2026 y recibió el premio especial del jurado, según informaciones de prensa internacional. Su impacto ha trascendido el ámbito cinematográfico porque plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los mandos, el uso de tecnologías militares y los mecanismos de supervisión de los ataques.
La respuesta de Netanyahu y del Ejército israelí
La reacción de las autoridades ha situado el caso en el terreno de la seguridad nacional. Netanyahu y otros responsables israelíes han cuestionado la película y sus conclusiones, mientras se ha planteado la posibilidad de identificar y procesar a quienes aportaron los testimonios.
Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel rechazaron las acusaciones en una respuesta detallada publicada el 1 de octubre, según la Jewish Telegraphic Agency. El Ejército sostuvo que la película contiene errores fundamentales y ofrece una representación incorrecta de los procedimientos para autorizar ataques, evaluar posibles víctimas civiles y utilizar herramientas de inteligencia artificial.
La institución militar también negó que los sistemas informáticos determinen automáticamente quién debe ser atacado y afirmó que las decisiones corresponden a analistas y mandos humanos. Asimismo, cuestionó la interpretación que los realizadores hacen de determinados ejemplos y de los niveles de víctimas civiles que supuestamente se habrían aceptado.
Estas objeciones deben formar parte del examen público del documental. La verificación de los hechos exige escuchar a los denunciantes, revisar las pruebas y permitir que las instituciones señaladas respondan a cada acusación concreta.
Seguridad nacional frente al derecho a denunciar
El caso plantea un dilema que afecta a cualquier Estado involucrado en un conflicto armado: ¿hasta dónde puede llegar la protección de los secretos militares cuando existen denuncias sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario?
La revelación de información clasificada puede constituir un delito en determinadas circunstancias. Sin embargo, la invocación de la seguridad nacional no resuelve por sí sola la cuestión de fondo. Si los testimonios contienen indicios creíbles de ataques ilegales contra civiles, las autoridades deben investigarlos mediante procedimientos independientes, imparciales y respetuosos de las garantías judiciales.
El derecho internacional humanitario establece que las partes en un conflicto deben distinguir entre combatientes y población civil, respetar el principio de proporcionalidad y adoptar precauciones para reducir los daños a personas que no participan directamente en las hostilidades. La responsabilidad por posibles infracciones debe determinarse a partir de pruebas y de la conducta individual, no mediante conclusiones anticipadas.
En ese contexto, identificar a los participantes para determinar si hubo una filtración ilícita no equivale automáticamente a demostrar que cometieron un delito. Del mismo modo, presentar testimonios sobre posibles abusos no convierte cada afirmación en un hecho judicialmente probado.
Una película que obliga a examinar las decisiones de la guerra
NAZA no se limita a relatar episodios aislados. Sus realizadores sostienen que el propósito es examinar las prácticas, los sistemas y las decisiones institucionales que, según los testimonios recopilados, pudieron contribuir a la muerte de civiles palestinos.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a una confrontación entre el Gobierno israelí y los cineastas. La cuestión central es si las denuncias pueden contrastarse de manera transparente y si existen mecanismos capaces de establecer responsabilidades cuando se demuestra que se incumplieron las normas de la guerra.
La investigación también deberá determinar qué sabían los mandos, cómo se evaluaban los riesgos para la población y qué controles existían sobre las decisiones de ataque. Las respuestas no pueden depender únicamente de la versión de los denunciantes ni de la negativa de la institución cuestionada.
En última instancia, la credibilidad de las instituciones militares y judiciales depende de su disposición a examinar las pruebas. Si las acusaciones son falsas, una investigación rigurosa puede demostrarlo. Si existen indicios de delitos, la justicia debe actuar conforme a la ley.
El caso NAZA deja así una pregunta que trasciende a Israel: cuando quienes participaron en una guerra denuncian posibles abusos contra civiles, ¿debe la prioridad institucional ser silenciar la controversia o esclarecer los hechos mediante una investigación independientes
Fuentes consultadas
- EFE , AP ,Reuters,
