Por Alonso Rosales
El terremoto que sacudió Panamá el 9 de octubre de 2026 ha abierto un debate sobre la calidad de las construcciones, el cumplimiento de las normas antisísmicas y la capacidad de los Estados para prevenir tragedias. Aunque el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,5 según los informes oficiales panameños, el balance preliminar divulgado en los primeros días no registraba fallecidos. En contraste, los terremotos ocurridos en Venezuela en junio y en Colombia en agosto dejaron miles de víctimas entre ambos países, además de enormes pérdidas materiales y familias sin hogar.
La diferencia plantea una pregunta fundamental: ¿por qué un terremoto de gran magnitud puede causar daños relativamente limitados en un país y convertirse en una catástrofe humanitaria en otro?
La respuesta no se encuentra únicamente en la fuerza de la naturaleza. También depende de dónde ocurre el sismo, qué tipo de suelo lo transmite, cómo se construyen los edificios, si las autoridades inspeccionan las obras y qué tan rápido se organiza la respuesta de emergencia.
Panamá ofrece una oportunidad para examinar estos factores, sin caer en la conclusión equivocada de que la ausencia inicial de víctimas demuestra, por sí sola, que todas sus edificaciones son seguras.
1. El balance de los tres terremotos: las cifras de la tragedia
Los informes publicados hasta octubre de 2026 muestran una diferencia extraordinaria entre los tres países. Sin embargo, es importante distinguir entre viviendas afectadas y destruidas, así como entre personas damnificadas, desplazadas y alojadas temporalmente.
Panamá
Sin fallecidos reportados inicialmente
Terremoto del 9 de octubre de 2026
- Muertos: 0 reportados en los balances iniciales.
- Viviendas afectadas: 840 en el balance del 10 de octubre.
- Viviendas destruidas: al menos 10 con pérdida total reportada en Chiriquí; la cifra nacional definitiva aún no estaba consolidada.
- Personas afectadas: 1.213 registradas en el desglose citado por TVN Panamá.
- Evacuados: unas 300 personas fueron trasladadas preventivamente en Isla Cañas.
Fuente: TVN Panamá y Sinaproc.
Venezuela
Doble terremoto del 24 de junio de 2026
- Muertos: 5.278, según el balance oficial divulgado el 21 de julio.
- Edificios colapsados: 190.
- Edificios afectados: 856.
- Personas sin vivienda: 17.907.
- Personas en campamentos temporales: 23.587.
Fuente: Agencia EFE, con datos oficiales venezolanos.
Colombia
Terremoto del 10 de agosto de 2026
- Muertos: 331 en el balance publicado por la UNGRD el 10 de septiembre.
- Viviendas destruidas: 36.327.
- Viviendas averiadas: 201.939.
- Personas afectadas: 466.345.
- Personas en alojamientos temporales: 4.720, según el mismo informe.
Fuente: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Una precisión importante: estas cifras corresponden a cortes informativos diferentes y no constituyen balances definitivos comparables. En Panamá, los datos sobre daños materiales evolucionaron rápidamente durante las primeras inspecciones. En Venezuela y Colombia, los informes también cambiaron a medida que avanzaron los rescates y las evaluaciones. Además, no existe en los balances citados una cifra nacional consolidada de viviendas totalmente destruidas en Venezuela que permita compararla directamente con la de Colombia.
2. La geografía y la densidad de población explican parte de la diferencia
La primera explicación no está en la política, sino en las condiciones físicas del desastre.
El epicentro del terremoto panameño se ubicó cerca de Tonosí, en una zona con menor densidad de población que las áreas urbanas más afectadas de Venezuela y Colombia. Una evaluación citada por El Espectador señaló que unas 43.000 personas estuvieron expuestas a niveles de sacudida al menos severos en Panamá, mientras que en las regiones más afectadas de los otros dos países la población expuesta superaba el millón de personas.
La diferencia es determinante. Un terremoto puede alcanzar una magnitud elevada sin causar miles de muertos si afecta una región poco poblada y no derriba edificios ocupados. Por el contrario, una sacudida menor puede resultar devastadora cuando alcanza zonas densamente habitadas y construcciones vulnerables.
También influye la geología. Los suelos blandos, los depósitos de sedimentos y ciertos terrenos de origen aluvial pueden amplificar las ondas sísmicas. En sectores de La Guaira, Venezuela, ingenieros señalaron precisamente la vulnerabilidad de los suelos y los problemas de calidad de algunas edificaciones como factores que pudieron aumentar los daños.
Por tanto, atribuir toda la diferencia a la calidad de las construcciones sería un error. Hay que analizar conjuntamente la ubicación del epicentro, la profundidad del sismo, las características del suelo, la densidad poblacional y la vulnerabilidad de los edificios.
3. La calidad de la construcción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte
Aunque la geografía importa, la construcción es uno de los factores sobre los que un país puede actuar directamente.
En Panamá, expertos citados por El Espectador destacaron que buena parte de los edificios de la capital se levanta sobre roca sólida y que el país renovó su normativa estructural sismorresistente en 2021, con vigencia desde 2023. Estas condiciones pueden contribuir a reducir los riesgos, siempre que las normas se apliquen correctamente.
Una construcción antisísmica no significa un edificio que nunca sufrirá grietas. Significa, sobre todo, una estructura diseñada para resistir las fuerzas del movimiento del suelo y reducir el riesgo de colapso, permitiendo que sus ocupantes tengan mayores posibilidades de sobrevivir.
Para lograrlo se necesita:
- Cimientos calculados de acuerdo con las características del terreno.
- Columnas, vigas y conexiones estructurales adecuadas.
- Materiales que cumplan las especificaciones técnicas.
- Diseños que consideren la actividad sísmica de la zona.
- Inspecciones durante la construcción, no solamente al finalizar la obra.
- Revisión y reforzamiento de edificios antiguos que no cumplen los estándares actuales.
La tragedia venezolana ha puesto el foco en estas cuestiones. Un reportaje de Reuters publicado el 29 de junio recogió las advertencias de ingenieros que reclamaban auditorías de viviendas públicas después del colapso de edificios del complejo Los Cocos. Los especialistas señalaron posibles deficiencias de control de calidad, mantenimiento y cumplimiento de las normas, aunque advirtieron que determinar la causa exacta de cada derrumbe requería evaluaciones técnicas.
La lección es clara: aprobar una normativa antisísmica no basta; es indispensable comprobar que cada proyecto la cumpla en la práctica.
4. El papel del Estado: supervisar antes del desastre y actuar después
La responsabilidad pública no se limita a enviar equipos de rescate cuando ya se han derrumbado las viviendas. Comienza mucho antes, cuando se autorizan los terrenos, se aprueban los planos, se contratan las obras y se realizan las inspecciones.
Un Estado que permite construir en terrenos de alto riesgo sin estudios adecuados, tolera materiales deficientes o no controla las modificaciones de los edificios puede estar convirtiendo una amenaza natural en una catástrofe humana.
El caso venezolano ha generado preguntas particularmente serias sobre la supervisión de viviendas públicas. Reuters informó que ingenieros reclamaron una revisión de los complejos habitacionales que seguían en pie y cuestionaron la aplicación de los códigos de construcción. La existencia de normas técnicas no impide una tragedia si las instituciones no verifican su cumplimiento.
En Colombia, por su parte, la magnitud de la destrucción obligó a desplegar una respuesta nacional de emergencia. La UNGRD informó que, un mes después del terremoto, 54 grupos y 1.849 rescatistas habían participado en las operaciones, con 356 personas rescatadas y 259 cuerpos recuperados en ese corte. También reportó asistencia habitacional y miles de personas en alojamientos temporales.
Estos datos muestran que la capacidad de respuesta institucional es fundamental, pero también evidencian los límites de la emergencia: los equipos de rescate pueden salvar vidas y las autoridades pueden proporcionar refugio, pero ninguna operación posterior compensa plenamente la pérdida de una vivienda o de una familia.
Panamá también activó mecanismos de respuesta. Su Gobierno declaró el estado de emergencia y anunció recursos para atender los daños, mientras Sinaproc coordinaba las inspecciones y los albergues. El balance inicial contabilizó cientos de viviendas afectadas y daños en centros educativos, instalaciones sanitarias y vías.
El verdadero examen para cualquier Gobierno es mantener la misma diligencia en la prevención, la fiscalización de obras y la reconstrucción que demuestra durante las primeras horas de una emergencia.
5. La comparación no debe convertirse en una falsa victoria
Que Panamá no registrara fallecidos en los primeros balances es una noticia alentadora, pero no permite declarar que el país está libre de riesgos ni que su sistema de construcción sea infalible.
El propio terremoto dejó centenares de viviendas afectadas, daños en escuelas, edificios públicos y otras infraestructuras. Las evaluaciones iniciales también señalaron comunidades incomunicadas y personas trasladadas a refugios.
Tampoco sería correcto concluir que todos los daños de Venezuela y Colombia se debieron a negligencia estatal. Para sostener esa afirmación habría que estudiar cada edificio, los diseños estructurales, el suelo, la antigüedad, los materiales y los informes de ingeniería.
Lo que sí permite sostener la comparación es que los daños de un terremoto no dependen únicamente de su magnitud. Las decisiones públicas sobre urbanismo, vivienda, fiscalización y prevención pueden aumentar o disminuir considerablemente la exposición de la población.
Conclusión: los terremotos prueban la calidad de las instituciones
La comparación entre Panamá, Venezuela y Colombia deja una enseñanza que debería ser prioritaria para toda América Latina: la prevención sísmica es una política pública, no un gasto prescindible.
Panamá tuvo un balance humano inicial extraordinariamente favorable frente a los desastres de Venezuela y Colombia. La ubicación del epicentro, la menor concentración de población expuesta y las características de parte de sus edificaciones ayudan a explicar el resultado. Sus normas de construcción y su aplicación efectiva también merecen ser examinadas, sin atribuirles por sí solas todo el mérito.
Venezuela y Colombia, en cambio, afrontaron pérdidas humanas y materiales enormes. Sus cifras recuerdan que la vulnerabilidad de las viviendas y la exposición de millones de personas pueden transformar un fenómeno geológico en una crisis nacional.
El mensaje para los gobiernos de la región es inequívoco: construir más no siempre significa construir mejor. La inversión pública en vivienda debe acompañarse de estudios de suelo, diseños seguros, materiales certificados, inspectores independientes y sanciones cuando se incumplan las normas.
La magnitud de un terremoto la determina la naturaleza; buena parte de sus consecuencias depende de cómo una sociedad se prepara para enfrentarlo. Un Estado responsable no espera a contar muertos y viviendas destruidas para descubrir que la prevención era necesaria.
Fuentes consultadas
- Agencia EFE: balance de víctimas y daños del doble terremoto de Venezuela, 21 de julio de 2026.
- TVN Panamá: viviendas afectadas, evacuados y daños del terremoto panameño, 10 de octubre de 2026.
- Organización Panamericana de la Salud: informe de situación del terremoto de Panamá, octubre de 2026.
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia: balance de daños y respuesta humanitaria, septiembre de 2026.
- Reuters: investigación sobre los riesgos estructurales y la supervisión de viviendas en Venezuela, 29 de junio de 2026.
