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lunes, 17 de mayo del 2021

ISD: institucionalidad salvadoreña al servicio de las minorí­as

Los tributos representan cerca del 96% de los ingresos corrientes del Estado y quienes mayor capacidad contributiva tienen son quienes más incumplen con sus obligaciones

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La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) instó este martes a "ciudadanizar el debate de la reforma fiscal", considerando que no es un tema que atañe únicamente al Gobierno y a las diversas fuerzas polí­tica, sino que se trata de una necesidad del conjunto de la sociedad. La entidad destaca que la mayorí­a de la población, usualmente con menores ingresos, es la que sostiene la fiscalidad del paí­s.

Durante la presentación del “Informe de análisis sobre la evasión y elusión fiscal en El Salvador”, el director ejecutivo de ISD Ramón Villalta, indicó que los tributos representan el 96% de los ingresos corrientes del Estado, por lo que el cumplimento de las obligaciones tributarias es esencial. 

El documento refleja que la estructura tributaria nacional está compuesta mayormente por impuestos indirectos. Solo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), reporta el 47% de la recaudación nacional. En contraste, quienes mayor capacidad contributiva tienen con quienes más incumplen el pago de tributos.

Según estudio de OXFAM,  quienes más poseen únicamente  tributan sólo el 5% de su renta, otros documentos retomados por ISD reflejan que la evasión fiscal en El Salvador rondan $2,000 millones. La evasión de Impuesto al Valor Agregado (IVA)  suma $1,069.58 millones y  otros $935.51 millones corresponden a Impuesto sobre la Renta (ISR). Para ver el comportamiento en el tiempo, la entidad recordó que  la elusión alcanzó $490 millones en 2013, y en 2015 sumó $1,200 millones y al sumar datos de 2013 y 2015, la elusión representa el 50 % de los ingresos que recibe el Estado en un año:

El botí­n en los paraí­sos fiscales

En torno a la evasión fiscal o tributaria definida como el “engaño” a la administración  que se ejerce con  el fin de evitar cumplir con las obligaciones, a través de uso de prestanombres, paraí­sos fiscales, amparo en vací­os de ley, doble facturación y otros mecanismos.

OXFAM reveló recientemente que la inversión de empresas desde El Salvador hacia paraí­sos fiscales incrementó en 18 veces durante los últimos 15 años lo que representa  un monto equivalente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB). La inversión se estima en más de $25,000 millones, por lo que el monto de inversión en estos destinos ascenderí­a a más de $1,700 millones solo en un año. 

Aunque los empresarios y cualquier ciudadano tienen libertad para invertir en cualquier paí­s del mundo, el hacerlo en paraí­sos fiscales la inversión se vuelve sinónimo de evasión de impuestos y, en los peores casos, es una forma de ocultar actividades como tráfico de armas o lavado de dinero.

¿Qué ha dado paso a estas prácticas?

Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, recordó que el salvador viene de una herencia histórica fundada en elitismo, autoritarismo y patrimonialismo que han marcado las relaciones entre el Estado y la sociedad desembocando en la negación,  restricción y  desatención de los fundamentales derechos humanos de las personas. 

“Hemos heredado una estructura institucional y jurí­dica al servicio de minorí­as con poder económico y polí­tico generando una sociedad con una profunda desigual económica social sustentada en otros  factores por la desigualdad fiscal”, acotó. Esta  práctica clientelar es a juicio de Villalta,  la que ha generado una cultura de favores y una debilidad institucionalidad donde el abuso del poder y  la corrupción ha sido una práctica cotidiana además de generar  una visión de negativa del poder.

¿Cómo resolver la problemática?

Ismael Turcios,  investigador de ISD destaca que es importante mejorar los mecanismos para tener estimaciones más certeras de los montos de evasión y elusión así­ como  adoptar una posición más firme en torno al combate de estas prácticas ilí­citas, esto implica también que los diversos agentes estatales adopten facultades de contralorí­a y fiscalización.

La entidad añade que el Gobierno debe  crear más impuestos directos,  reducir los indirectos, y evitar incrementos al IVA que afecta a la población más vulnerable, además sugiere que la administración tributaria debe  incrementar sus facultades para definir una polí­tica integral de incentivos fiscales, aunque sea una facultad constitucional de la Asamblea Legislativa.

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