Zarko Pinkas-Ramírez |
El caso de Saleh Mohammadi, condenado por la muerte de un agente de seguridad durante protestas, vuelve a poner en el centro del debate el uso de figuras religiosas en el sistema penal iraní y las dudas sobre las garantías judiciales.
Las autoridades del régimen de Irán ejecutaron al joven luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, tras ser condenados por su presunta participación en la muerte de un agente de seguridad durante las protestas registradas en enero de 2026.
El caso no solo ha generado condena internacional, sino que ha vuelto a encender un debate más profundo: hasta qué punto el sistema judicial iraní opera bajo parámetros reconocibles de Estado de derecho, y en qué medida se encuentra atravesado por consideraciones políticas y religiosas.
La acusación: entre homicidio y “enemistad contra Dios”
De acuerdo con la versión oficial, los tres condenados fueron responsables de la muerte de un agente en el contexto de disturbios. Bajo cualquier sistema jurídico, un hecho de esta naturaleza constituye un delito grave.
Sin embargo, la tipificación aplicada en este caso introduce un elemento distintivo: el delito de “moharebeh”, traducido como “enemistad contra Dios”.
Esta figura legal, propia del marco jurídico iraní, no solo sanciona actos violentos, sino que los inscribe dentro de una dimensión religiosa, ampliando el alcance del castigo más allá del plano estrictamente penal.
El resultado es una categoría ambigua, donde pueden converger crimen, disidencia y desafío al orden establecido.
Un sistema donde lo religioso y lo político convergen
Desde la Ciencia política, Irán es definido como una república islámica con una estructura de poder teocrática, en la que las autoridades religiosas tienen un rol determinante sobre el aparato estatal.
En este modelo, la ley no es completamente autónoma respecto de la doctrina religiosa. Por el contrario, ambas dimensiones se entrelazan, lo que impacta directamente en la forma en que se interpretan los delitos y se aplican las sanciones.
Para analistas y organismos internacionales, esto plantea una tensión estructural:
cuando la legalidad incorpora fundamentos religiosos, los márgenes del debido proceso pueden volverse difusos, especialmente en contextos de conflictividad social.
Denuncias sobre el proceso judicial
Organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado abiertamente el caso, señalando que los acusados habrían sido sometidos a tortura, confesiones forzadas y juicios sin garantías suficientes.
Estas denuncias no son nuevas ni aisladas. Diversos informes han advertido de manera reiterada sobre deficiencias estructurales en el sistema judicial iraní, particularmente en casos vinculados a protestas o seguridad del Estado.
En este contexto, la ejecución no solo se evalúa por el delito imputado, sino por la legitimidad del proceso que condujo a la condena.
La pena de muerte como herramienta de control
El caso de Mohammadi se inscribe en un fenómeno más amplio. En los últimos meses, múltiples personas han sido condenadas a muerte en relación con protestas, lo que ha llevado a organizaciones internacionales a advertir sobre el posible uso de la pena capital como mecanismo de disuasión política.
En sistemas donde el poder judicial no es plenamente independiente, la aplicación de la pena de muerte adquiere una dimensión adicional: no solo castiga un acto, sino que envía un mensaje hacia la sociedad. Una amenaza para evitar cualquier acción crítica hacie el régimen.
Más allá del caso: el problema de fondo
El punto más delicado que emerge de este caso no es únicamente la ejecución en sí, sino el marco que la hace posible.
Cuando un sistema jurídico permite que conceptos como “ofensa a Dios” o “enemistad divina” se integren en el derecho penal, la frontera entre justicia y control ideológico se vuelve inevitablemente borrosa.
Al mismo tiempo, la existencia de una acusación concreta —la muerte de un agente— introduce un elemento que complejiza la lectura: no se trata de un caso puramente simbólico, sino de uno donde confluyen hechos violentos, protesta social y un aparato estatal con escasa separación de poderes.
Una tensión sin resolución clara
El caso de Saleh Mohammadi sintetiza una de las tensiones más complejas del mundo contemporáneo: la convivencia —o el choque— entre sistemas legales de raíz religiosa y los estándares internacionales de derechos humanos.
Mientras la dictadura teocrática iraní defiende la legalidad de sus decisiones, la comunidad internacional insiste en que sin garantías procesales plenas, la justicia pierde su carácter universal y se convierte en una herramienta de poder y del fanatismo extremista.
En ese punto, la discusión deja de ser únicamente jurídica y pasa a ser profundamente política.
