Estados Unidos manifestó su preocupación por "serios actos de corrupción", compras irregulares y detenciones arbitrarias durante la pandemia del covid-19 realizadas por el gobierno, esto según la reciente edición del Reporte de Prácticas de Derechos Humanos 2020 emitido por el Departamento de Estado de esa nación.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que el reporte incluye "un análisis profundo de los derechos humanos en casi 200 países y territorios" miembros de las Naciones Unidas y que guardan relación diplomática con los Estados Unidos.
El apartado de El Salvador compila numerosas denuncias que van desde la violencia perpetrada por grupos criminales y por el Estado, hasta la corrupción "endémica" que afecta al país.
El Departamento de Estado reconoce en su informe que la corrupción en El Salvador es endémica. Sin embargo, señala puntualmente al Ejecutivo, por las compras irregulares, y al Órgano Judicial, por emitir sentencias inconsistentes "particularmente por fallar en señalar las cuentas discrecionales del Gobierno".
Estas denuncias fueron recopiladas, explicó Blinken, por investigadores en Washington, de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo y la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado "que investigaron, reunieron y editaron todos estos reportes".
Blinken aseguró, además, que el gobierno de Biden va a oponerse a las "violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados".
El informe retomó las investigaciones de la prensa por compras irregulares de comida e insumos para el combate al coronavirus, que envuelven a compañías ligadas a funcionarios como el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y el exdirector del Fonaes, Jorge Aguilar.
En junio, julio y agosto, la prensa local reportó compras gubernamentales irregulares de alimentos, equipo de protección personal (EPP) y otros insumos para combatir la pandemia del covid-19, que incluirían precios inflados, acuerdos con compañías ligadas a funcionarios, y compras a compañías sin experiencia en la venta de productos similares".
El reporte menciona como primer caso la supuesta negociación de la administración Bukele con jefes de la MS-13 "para obtener apoyo electoral y la reducción de homicidios, publicada por el periódico digital El Faro.
Agrega que la Fiscalía General de la República (FGR) arrestó al exministro de la Defensa, David Munguía Payés, y emitió una orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes, por "negociaciones similares" al margen de la tregua entre pandillas entre 2012 y 2015.
Además, se mencionó la compra de $1.1 millones de mascarillas con supuestos precios inflados, "a compañías asociadas al ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya; y el director del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Alejandro ‘Koky’ Aguilar".
Se incluyó también la compra de $12 millones en equipo médico a Javi Performance Parts, una empresa de repuestos española que no presenta reportes financieros desde 2012; y $3.5 millones de insumos a Lasca Design LCC, una compañía de cerámica basada en Florida. "Ninguna de estas tiene experiencia evidente en fabricar o vender equipo médico", agrega el reporte.
El presidente Bukele despidió a Aguilar Zarco poco después de que sus transacciones se volvieran públicas, pero hasta octubre pasado, Aguilar Zarco ha sido el único funcionario que perdió su trabajo por señalamientos de corrupción durante la pandemia", indicó el informe de Derechos Humanos.
El Departamento de Estado afirma que el fiscal general Raúl Melara confirmó la apertura de investigaciones criminales de altos mandos en la administración Bukele, pero "no se ha presentado públicamente ningún cargo en contra de los funcionarios".
Menciona además el caso del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien fue arrestado por varios cargos relacionados al desfalco por $2 millones en una transacción con el Gobierno salvadoreño, en 2012. En este caso, también se menciona a Munguía Payes, José Atilio Benítez y al expresidente Funes.
El informe también indica que la corrupción en el sistema judicial "contribuye a un alto nivel de impunidad" y afecta la credibilidad del sistema. Solo hasta el 30 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió quejas en contra de 46 jueces por irregularidades, de las cuales aún 41 están bajo revisión. Estas acusaciones incluyeron acoso sexual y tratos con criminales.
El gobierno estadounidense también hace duras críticas a las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele para contener la pandemia, específicamente en relación a las detenciones por violar la cuarentena.
El 21 de marzo de 2020, Bukele emitió una cuarentena obligatoria por 30 días (que se extendería a 84 días de confinamiento), la cual fue precedida por detenciones arbitrarias de la Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas, indica el informe.
Citando al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el Departamento de Estado reportó que los individuos detenidos no recibían los resultados de sus pruebas de covid-19, incluso semanas después de ser examinados.
Este retraso contribuyó a extender el tiempo de los individuos detenidos, quienes eran forzados a quedarse en centros de cuarentena por más de 30 días, sin una explicación específica de autoridades de salud, ni fecha de salida", aseguró el reporte de derechos humanos.
El Departamento de Estado documentó la recepción de 330 hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, después de dos meses de cuarentena obligatoria, "cuando en un año se reciben solo 400".
La mayoría de las demandas expresaron violación a los derechos de movilidad de los ciudadanos, y fueron presentadas por individuos detenidos en centros de contención por desobedecer la orden de Bukele.
El instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), citado por el Departamento de Estado, reportó a 16,756 salvadoreños detenidos entre el 21 de marzo y el 24 de agosto, cuando se levantó definitivamente la cuarentena.
El reporte de prácticas de Derechos Humanos, presentado cada año ante el Congreso de los Estados Unidos, es un instrumento diplomático amparado en la Ley de Asistencia Exterior de ese país, que exige al gobierno tomar en cuenta el desempeño en derechos humanos de sus países aliados.
En palabras de Blinken, además, será una de las herramientas de la administración Biden para su política exterior.
"El presidente Biden está comprometido a poner los derechos humanos de vuelta en el centro de la política exterior estadounidense. (…) Vamos a utilizar todas las herramientas de nuestra diplomacia para defender los derechos y señalar a los perpetradores de estos abusos. Estos reportes son solo una manera de hacerlo", dijo el secretario del Departamento de Estado.
El resumen del apartado salvadoreño incluye denuncias de ejecuciones extrajudiciales por pandillas y fuerzas de seguridad; desaparición forzada cometida por militares; tortura y castigos inhumanos, degradantes y crueles de las fuerzas de seguridad.
Además, se denuncian las condiciones en prisiones como "duras y perjudiciales para la vida"; serios problemas con la independencia judicial; serias restricciones a la libertad de prensa y expresión; serios actos de corrupción; falta de investigación consistente por crímenes de violencia contra la mujer; y violencia de las fuerzas de seguridad en contra de la población LGBTI.
