En la actualidad, los grupos de la población a los cuales les interesa la discusión de la reforma de pensiones son: ciudadanos salvadoreños, trabajadores cotizantes, dueños de las empresas administradoras de pensiones (AFP) y de seguros, altos ejecutivos gubernamentales.
Los ciudadanos que han creado al Estado para que asegure la vida y el bienestar de todos los salvadoreños, que pagan sus impuestos y tasas al gobierno central para que ejecuten las políticas públicas y se abone a las deudas contraídas por el gobierno; su interés principal es que el Estado tenga un buen desempeño en sus funciones y sea eficiente (haga buen uso del dinero); específicamente en el caso de las pensiones le interesa que el sistema tenga mayor cobertura, que proporcione pensiones dignas, que sea auto sostenible (que se financie completamente con las cotizaciones de los trabajadores); los ciudadanos están representados formalmente por los diputados pertenecientes a los distintos partidos políticos, así como por algunas organizaciones de la sociedad civil;
Los trabajadores cotizantes a las AFP, INPEP, ISSS e IPSFA, son los que directamente recibirán las consecuencias positivas y negativas de la reforma de pensiones; a este grupo le interesa que la mayor parte de la cotización vaya a su cuenta de ahorro individual, que el dinero se utilice de tal manera que genere una rentabilidad justa que aumente su ahorro, obtener una pensión digna (que le permita vivir con alguna comodidad el resto de su vida, junto a su conyugue e hijos menores de edad), que no se aumente la cotización, tiempo de servicio y edad de pensionarse; está representado por las organizaciones gremiales de los trabajadores.
Los dueños de las dos empresas administradoras de fondos de pensiones (AFP) que se han venido beneficiando del sistema de pensiones basado en el ahorro personal; a ellos les interesa que la comisión por administración del fondo de pensiones sea relativamente elevada; son representadas por sus máximos ejecutivos y por ASAFONDOS (una asociación cuyos únicos integrantes son esas dos empresas). Los dueños de las empresas de seguros que adquieren las AFP y que son pagados por los cotizantes; les interesa que las comisión recibida por esos seguros se mantengan relativamente altas; estos dos grupos son representados por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Los altos ejecutivos gubernamentales (Presidente, Ministro de Hacienda, Ministro de Relaciones Exteriores, Secretario Técnico de la Presidencia), responsables de obtener el financiamiento necesario para la ejecución de las políticas gubernamentales; les interesa que la mayor parte de las cotizaciones de los trabajadores lleguen al gobierno (directamente o mediante préstamos del fondo de pensiones) para poder pagar las pensiones que el gobierno se hizo cargo (deuda de pensiones que es de aproximadamente cinco mil millones de dólares), el subsidio para las completar las pensiones mínimas y el pago de pensiones a personas no cotizantes. Entre estos altos ejecutivos gubernamentales se encuentra el Superintendente del Sistema Financiero, responsable de la supervisión del funcionamiento del sistema de pensiones, así como las operaciones financieras de las AFP, INPEP e Instituto de Seguro Social, relativas a las pensiones; este ejecutivo, además del interés general del gobierno, tiene las responsabilidad que el sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo (que sus características financieras sean definidas en base a un estudio actuarial consistente, en que los ingresos esperados sean mayores o iguales a los egresos esperados) en un horizonte temporal de al menos sesenta años), así como que funcione de acuerdo a las leyes correspondientes.
Todos estos grupos consideran que el sistema de pensiones basado en el ahorro individual debe continuar existiendo en el país, que debe ser sostenible en el tiempo. Las principales diferencias se da entre los cotizantes-gobierno y las AFP- Aseguradoras en relación a las comisiones por administración de los fondos y de seguros, ya que a los primeros les interesa que sean más bajas; entre la ciudadanía-Superintendencia del Sistema Financiero y el resto de los grupos de presión en relación a la sostenibilidad financiera en el tiempo; entre el gobierno y el resto de grupo, ya que el gobierno dice que no pretende modificarla; entre los cotizantes y el gobierno porque los primeros quieren que se les pague más interés por el dinero de sus cotizaciones prestado al gobierno; así como entre el gobierno-cotizantes y las AFP-Aseguradoras porque las segundas no aseguran una pensión digna.
